En México el 25 por ciento de las casi 400 mil personas indocumentadas que ingresan al año a territorio nacional, terminan desaparecidas y lo más preocupante es que su paradero no llega a saberse.
Esta grave denuncia la hizo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Isaías Cortés Berumen, al precisar que la mayoría de los desaparecidos son centroamericanos y explicó que México es un país cuya ubicación lo convierte en un lugar de tránsito para inmigrantes que persiguen el sueño de trabajar en los Estados Unidos y mejorar su calidad de vida.
A través de un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios, el legislador mencionó que en los últimos años, el riesgo al que se exponen estas personas ha aumentado considerablemente, sobre todo por el crimen organizado, lo que obliga a tomar medidas para salvaguardar su seguridad.
Detalló que los inmigrantes son las principales víctimas de la delincuencia, al encontrarse en estado de vulnerabilidad por las condiciones de vida a las que se enfrentan, pues su pobreza extrema y la situación ilegal los hace más endebles. Las redes criminales aprovechan sus debilidades para obligarlos a realizar actividades delictivas o esclavizarlos.
Cortés Berumen denunció que en estados como Tabasco, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Guanajuato se ve constantemente a inmigrantes que mendigan en las calles para allegarse recursos suficientes y sobrevivir.
Manifestó que esta actividad “se ha convertido en un negocio que ha pasado de la necesidad al abuso, ya que actualmente se encuentran en las calles, semáforos, lugares públicos, vías del tren e incluso de casa en casa pidiendo caridad”.
Relató que mientras algunos practican la mendicidad a fin de obtener recursos para continuar su viaje hasta los Estados Unidos, se exponen al peligro constante de ser secuestrados por grupos criminales.
Ejemplo de ello, precisó es la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron “alrededor de 72 cuerpos de inmigrantes, que se cree fueron asesinados por el cártel de Los Zetas en 2010”.
Por ello, planteó en el punto de acuerdo que la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, realice patrullajes en territorio nacional “para verificar la situación legal de los extranjeros que mendigan”.
El propósito, subrayó, es prevenir y salvaguardar la seguridad de los inmigrantes expuestos al crimen organizado que los obliga a realizar actividades de mendicidad, así como evitar que ésta se convierta en un “negocio” de los indocumentados, cuando en realidad debiera servirles para obtener recursos y sobrevivir.