Desde la reforma constitucional de 1992 que definió a México como una nación pluricultural, los pueblos y comunidades indígenas del país han empeorado sus condiciones de vida, su desarrollo económico y bienestar en general, sin que los avances legislativos hayan hecho algo a favor de sus derechos.
Dicha situación se describe en un documento de trabajo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, cuyo Comité preside el Diputado Sebastián de la Rosa Peláez, titulado “Pluriculturalidad y derechos indígenas en su dimensión nacional y regional” elaborado por Julio César Moguel Viveros.
En el texto se abordan temas como las condiciones de pobreza de la población indígena, la cuestión minera en el ámbito de los pueblos indígenas, el desglose de proyectos que afectan a pueblos y comunidades nativas, el convenio de 1969 con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que constituye bases del reconocimiento de derechos en los pueblos indígenas de México y del mundo, entre otros asuntos.
El escrito menciona que la búsqueda de concertar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, se está convirtiendo en una lenta carrera que jamás podría alcanzar a detener, disminuir o revertir, los daños que cotidianamente padecen los pueblos indígenas de México, que buscan lograr la existencia en el país, finalmente de un cuerpo de leyes en materia de reconocimiento a los derechos para pueblos y comunidades indígenas, que sea claro, preciso, coherente y completo.
El impulso que hoy pueden tener los movimientos indígenas nacionales y los procesos de lucha que los acompañen, tienen entonces que enfocar sus esfuerzos no sólo en el reconocimiento y en la armonización de sus derechos, sino también en la modificación de las políticas públicas y en la transformación institucional que de aquella derive, considera el autor.
El documento de trabajo señala que ha habido otros importantes avances en materia de reconocimiento de derechos de pueblos y comunidades indígenas, entre los que destaca de manera especial, la Declaración de las Naciones Unidas en septiembre de 2007, la formulación de un nuevo artículo primero dedicado a los derechos humanos; la resolución del Tribunal de la Suprema Corte de México, encaminada a que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, “incluyendo los litigios de los que México no ha sido parte” sean obligatorios para los jueces mexicanos, y el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en caso de que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre las declaraciones finales se establece la urgencia de que estas y otras leyes, tratados o declaraciones establecidas en los planos nacional e internacional sean armonizadas para conseguir que México logre finalmente un cuerpo de leyes en materia de reconocimiento de derechos para pueblos y comunidades indígenas, como lo señala el investigador Julio Moguel quien en el marco de sus investigaciones sobre los derechos de los pueblos originarios, editó el libro Derechos Indígenas y Armonización Legislativa, que será presentado el día 5 de agosto en el Museo de la Ciudad de México.