La Comisión de Asuntos Indígenas que preside la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, aprobó dos dictámenes en materia de atención jurídica y de desarrollo de los pueblos originarios.
Uno de ellos, en unión con la Comisión de Justicia, reforma las leyes Federal de Defensoría Pública, General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como el Código General de Procedimientos Civiles, para crear la figura de “asesor jurídico indígena”, el cual deberá hablar la lengua materna de su representado.
Además, señala que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) será el encargado de realizar la acreditación de los defensores públicos y asesores jurídicos bilingües en lenguas indígenas.
También se determina que son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los oficiales ministeriales y peritos, el no solicitar intérprete o traductor en lenguas indígenas, cuando proceda.
La diputada secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, Josefina García Hernández, consideró que es importante impulsar el acceso a la justicia de esta población, pues 8 mil 122 indígenas están detenidos e involucrados en delitos del fuero común y federal.
En México, 15.5 millones de personas se reconocen indígenas, mencionó la diputada. Según datos de la encuesta realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, 82 por ciento de 586 indígenas consultados declaró no haber contado con un intérprete durante la averiguación previa al juicio en su contra.
En el padrón del INALI están inscritos 337 intérpretes, parlantes de 69 dialectos, y sólo 14 tienen certificación para participar como asesores jurídicos, una cifra insuficiente pues existen 364 variantes lingüísticas, subrayó la legisladora.
El documento señala que la defensoría pública deberá proporcionar los defensores jurídicos que necesiten los estados con población indígena, quienes tendrán que conocer la cultura del pueblo aborigen y el dominar la lengua.
Asegura que esta diferencia del idioma entre las instituciones competentes y los procesados, complica el ejercicio de la justicia y propicia la discriminación, la lengua y la cultura indígena no deben ser una limitante para el acceso a la justicia y la educación, señaló García Hernández.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot dijo que regularmente los problemas legales de los indígenas se dan por defender sus tierras, y su primera dificultad es no hablar castellano, se enfrentan así a una impartición de injusticia, puntualizó.
El otro dictamen aprobado reforma la Fracción V del Artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y propone que en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal se mencione también a los hombres y se incluya la palabra igualdad.