El Grupo Parlamentario Nueva Alianza propuso diversas modificaciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el propósito de avanzar en la materia y recuperar la confianza de los mexicanos en las instituciones de gobierno.
Mediante una iniciativa, la coordinadora parlamentaria, María Sanjuana Cerda Franco, aseguró que pese a la legislación existente, “todavía hay mucho por recorrer para que la sociedad mexicana pueda hacer uso eficiente y pleno del derecho a la información”.
Por ello, dijo, en Nueva Alianza estamos convencidos de que la Ley de reciente creación debe contar con mecanismos reales que inhiban la conducta que adoptan algunas autoridades para no dar a conocer la información que se les solicita.
En el proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de dicha Ley, la legisladora aliancista explicó que en su propuesta se establece un sistema de sanciones que se podrán imponer al sujeto obligado para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales consisten en la amonestación pública o una multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo vigente.
De acuerdo con la norma, las medidas que se tomen de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Es por ello y para un mayor ejercicio de transparencia, que se plantea que las sanciones se cumplan con el patrimonio del servidor público.
Es decir, que el recurso que se utilice para cubrir la medida de apremio debe salir del “bolsillo” del infractor de la ley, ello con el propósito de dar mayor claridad al uso de recursos públicos y en la entrega de la información solicitada.
“No hay marcha atrás, los servidores públicos deben entender que negar u ocultar información pública, confieran a destiempo información o entreguen datos que no estén actualizados, sustraigan, mutilen o alteren información pública, de forma parcial o total, con dolo; oculten información, la declaren inexistente de forma falsa, la declaren reservada sin fundamento; o no acaten las resoluciones de los organismos garantes, equivale a vulnerar un derecho fundamental de la sociedad, y por lo tanto serán severamente sancionados”, subrayó.
Por otro lado, consideró que la sociedad mexicana muestra un hartazgo sobre el doble discurso que emite la clase política, “los medios de comunicación han coadyuvado para exhibir a algunos malos servidores públicos, donde se presume la falta de proporción desmedida entre el ingreso y el patrimonio declarado”,dijo.
En ese contexto, insistió en que “es urgente normar al respecto para que la obligación de publicar la situación patrimonial sea un deber jurídico y no sólo una buena intención que la mayoría de las veces queda en un buen deseo”.
Con esta propuesta –dijo- se promueve que los servidores públicos hagan pública la declaración de su situación patrimonial, ya que con ello contribuiremos a alcanzar los estándares de rendición de cuentas que México exige y demanda.
Además, agregó que también se debe facilitar al ciudadano el ejercicio del derecho de información, sobre todo conceder una mayor oportunidad a las personas que sufren o presentan alguna discapacidad, y esto sólo será posible mediante la gratuidad del servicio, como lo plantea en su iniciativa.
De lo que se trata –enfatizó la coordinadora aliancista-- es que el proyecto de ley en su producto final, quede bien articulada e inequívoca para garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener la información sobre los servidores públicos en su actuación como titulares de las dependencias y entidades gubernamentales.
“Es obligación ineludible del Estado Mexicano garantizar el derecho al acceso a la información de la población para impulsar el ejercicio democrático del poder y la ética de la responsabilidad pública de los gobernantes”, concluyó Cerda Franco.