Las acciones emprendidas en los últimos años han sido insuficientes para frenar el crecimiento exponencial del robo de hidrocarburos en el país, al punto que el fenómeno se ha convertido en un peligro para la seguridad nacional, refiere el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
En su investigación “Robo de hidrocarburos en México”, de la serie Mirada Legislativa, señala que, según información de la Procuraduría General de la República (PGR), las acciones penales tampoco han sido suficientes para limitar la sustracción ilícita de gasolina, diésel, gas, petróleo crudo o petroquímicos.
Desde 2008, la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina, la PGR, la Secretaría de Gobernación (Segob), la de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y Pemex coordinaron sus atribuciones para combatir este delito.
En 2010, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional se creó una unidad enfocada a la atención del robo de hidrocarburos; y Pemex implementó la Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito. Sin embargo, en 2011 las tomas clandestinas se duplicaron, pasaron de 691 a mil 324, lo que significó un robo de dos millones 986 mil barriles de combustible.
En 2012, el robo mediante tomas clandestinas volvió a aumentar, ahora a mil 749; la investigación del IBD refiere que si a ello se le agrega la sustracción ilegal en refinerías, terminales de almacenamiento, terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias, las pérdidas estimadas para Pemex superaron el presupuesto asignado a la Secretaría de Energía en 2013, el cual fue de 3 mil 294 millones de pesos.
Otro esfuerzo para erradicar el hurto se señala en el segundo informe del actual gobierno, en septiembre del año pasado, donde refiere que el gobierno federal participó con el Grupo de Coordinación Operativa-Hidrocarburos, dirigido por la PGR, en colaboración con la Segob y la Policía Federal para operar casos relacionados con organizaciones dedicadas al robo, trasiego y comercialización de hidrocarburos.
No obstante, de acuerdo a cifras de Pemex, el robo de combustible en 2014 generó la cifra histórica de cuatro mil 127 tomas clandestinas, es decir, 57 por ciento más que en 2013; y en promedio, cada dos horas se perforan ductos para extraer hidrocarburos de manera ilegal, en los 14 mil kilómetros de su red de distribución.
El panorama actual refleja un aumento de 57.8 por ciento más de perforaciones en el primer trimestre de 2015, en comparación con el mismo periodo del año pasado. La investigación del IBD estima que de continuar esta tendencia, para final del año las tomas clandestinas alcanzarán la cifra de 4 mil 800 y las pérdidas para Pemex serán las mayores en su historia.
El Instituto Belisario Domínguez determina que es fundamental que el Estado cuente con nuevos elementos para apoyar a Pemex en el combate de un delito que es cada vez más complejo.
En ese sentido, en marzo pasado, el Senado aprobó la creación de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos contra el Patrimonio Nacional en materia de Hidrocarburos; ésta incluye disposiciones que castigan la ordeña de ductos, plataformas, barcos y depósitos, con penas de 35 y hasta 60 años de prisión.
También propone castigar a los dueños de gasolineras que alteren sus sistemas de medición con sanciones que van desde 10 a 18 años de cárcel, con la posibilidad de perder la concesión. Además, se incluyeron sanciones a actos de sabotaje que van de 40 a 60 años de cárcel, por considerarlos acciones de terrorismo.
El proyecto de ley, que se encuentra en la Cámara de Diputados para su análisis, también establece tipos penales que sancionan el almacenamiento, suministro, ocultamiento, distribución y comercialización ilícita de los hidrocarburos, catalogándolos como delitos graves y de delincuencia organizada.