La protesta social de miles de mexicanos que se han solidarizado en torno al ataque y desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es un reflejo contundente de la falta de respuestas claras por parte de los responsables de la investigación del caso y la ausencia de credibilidad en las instituciones que conforman al Estado, señaló la senadora Luisa María Calderón Hinojosa.
Destacó que aun cuando las pesquisas sobre el ataque continúan aumentando y la detención de más involucrados en los hechos, como el ex subdirector de la policía del municipio de Cocula, Guerrero, Cesar Nava González, siguen su marcha, la información generada y proporcionada por las autoridades correspondientes aún no permite contar con la certidumbre de lo que pasó con los jóvenes normalistas.
“Uno esperaría que ahora que han habido más pesquisas también hubiera más información que fuera dejando satisfechos a los padres, principalmente. No se entiende cómo es que luego de pescar a más responsables materiales de los hechos e incluso a los autores intelectuales, aún no hay certidumbre de lo que pasó con los muchachos”, expresó.
La senadora por el estado de Michoacán resaltó que la gran movilización del pasado jueves 20 de noviembre en la ciudad de México y otros puntos del país, es muestra de la desconfianza en los procesos de justicia e instituciones de seguridad, así como del empoderamiento y la solidaridad de la ciudadanía, elementos que debieran encausarse de manera propositiva en la búsqueda de nuevas dinámicas de gobierno e instituciones renovadas, así como en la recuperación de valores fundamentales como el respeto por la vida.
La legisladora aseguró también que el caso Ayotzinapa es una muestra más de la estrategia que ha implementado el crimen organizado para infiltrarse en las estructuras de gobierno, principalmente a nivel municipal y estatal, por lo que el Estado debe asumir una responsabilidad mayor para garantizar la legitimidad, limpieza y rectitud de sus procesos electorales, instituciones y de los actores que las conforman.
“El caso Ayotzinapa nos permite confirmar que hay un modelo de intromisión del crimen organizado en las estructuras de gobierno, especialmente en las de gobierno municipal y estatal, y lo hace a través de los procesos electorales. Entonces, sí ya tenemos claro una forma sistemática de actuar de su lado, también el Estado debe de unir sus instrumentos, instituciones y actores para atacar, contener y evitar la intromisión de éstos en los procesos electorales”, afirmó.