Se tienen ubicadas 450 distribuidores de droga al mayoreo
Abastecen a miles de narcotienditas custodiadas por jóvenes
Operan desde Morelos, Puebla, Distrito Federal y Guerrero
Todos lo saben, todos informan y nadie actúa, por el contrario
La Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de proteger a los menores que son reclutados para que participen en conflictos armados y en la delincuencia organizada.
El documento emitido por los legisladores federales señala que en México la delincuencia organizada esclaviza a 25 mil menores de edad. Además, en los estados de Morelos, Puebla, Distrito Federal y Guerrero se han ubicado 450 puntos de distribución de droga al mayoreo para abastecer las narcotienditas, que son custodiadas por jóvenes y adolescentes, en equipos de diez integrantes, de los cuales seis están armados.
Estima que alrededor de cuatro mil 500 menores están involucrados en labores de “seguridad”, de los cuales dos mil 700 manejan armamento.
Lo anterior, se detalla en el dictamen, surge a consecuencia de la integración en los carteles de la droga de equipos operativos armados con esquemas militares y paramilitares, para el control del territorio que se disputa entre los grupos rivales.
La organización Save the Children afirma que las bandas criminales han encontrado el medio para obligar a menores de edad a realizar trabajos forzados y ser esclavos del narco, ya sea por vía del rapto, engaño o coerción, lo que regularmente viene acompañado de violencia física y emocional.
Manifiesta que los menores implicados en delitos graves como homicidio, secuestro y violación, entre otros, reciben penas con fines ejemplificadores. No obstante, indica que lo realmente necesario es prevenir y erradicar el fenómeno del “reclutamiento forzoso” de los niños y jóvenes.
Asimismo, considera que la implementación de políticas eficaces en materia de protección integral en la infancia, requiere no sólo medidas normativas y practicas por parte de cada estado involucrado, sino la articulación de respuestas y la adopción de mecanismos internacionales adecuados.
Por lo tanto, la reforma contempla agregar al Artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que éstos “tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud física, mental, emocional y sexual, su normal desarrollo o su derecho a la educación, en los términos establecidos en el artículo 3º. Constitucional. Las normas establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas”.
Asimismo, prevé estipular que se debe proteger a menores afectados por “conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamientos y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados y de delincuencia organizada”.