En México la problemática de los derechos humanos presenta fuerte desigualdad que genera importante brecha en el grado de acceso a seguridad social y jurídica, a la que principalmente se enfrentan los grupos más vulnerables a quienes se les dificulta hacer efectivos sus derechos como el del acceso a la educación e incluso a la alimentación.
Estas consideraciones son expuestas en una investigación realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, titulado “Derechos Humanos: reconocimiento jurídico de derechos y retos desde la perspectiva regional”, cuyo propósito es llevar a cabo un diagnóstico general del problema al que se enfrentan los grupos vulnerables, tomando como procedencia el reconocimiento jurídico de sus derechos humanos y la identificación plena de su condición a nivel regional.
Mario Aguirre Mazón, autor del documento, toma como base la identificación de grupos vulnerables propuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), analizando 4 grupos prioritarios que se distribuyen en mujeres; niños y niñas; personas de la tercera edad, e indígenas, haciendo un análisis de carácter regional, tomando como base los criterios de regionalización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU), utilizado para la elaboración de los Programas Regionales para el Desarrollo de las Zonas Norte, Centro y Sur-Sureste del país.
La investigación que recupera datos de organizaciones como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU), el Instituto de la Juventud del Distrito Federal (INJUVE-DF), el Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), entre otras, desarrolla cada tema con un diagnóstico general de la situación de cada uno de los grupos vulnerables para después analizar el marco jurídico estatal. Partiendo de los mecanismos legislativos existentes, el investigador efectúa un somero análisis regional, con la finalidad de determinar el grado en el que las condiciones de cada zona afectan al desarrollo de los grupos vulnerables.