La condición de actividad laboral es la variable que, junto con el bajo nivel de escolaridad de la jefa o jefe de familia, explica el mayor menoscabo de la asistencia escolar de niñas y niños, señaló el Director General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José Luis Gutiérrez Espíndola.
En la inauguración del Foro sobre Trabajo infantil en el Distrito Federal, dijo que de los 170 millones de niñas y niños trabajadores en el mundo, alrededor de la mitad realizan trabajos peligrosos; de esos 85 millones de niñas y niños, 13 están en América Latina y El Caribe.
Agregó que, de acuerdo con datos del Modo de Trabajo Infantil, de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación 2009, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay unos 3 millones de niñas, niños y adolescentes trabajadores de entre 5 y 17 años, lo que significa 10% del total de la población en ese rango de edad.
“Aproximadamente un millón 200 mil de esos niños no asisten a la escuela; alrededor de un millón trabaja más de 35 horas a la semana, también en riesgo de abandonar sus estudios”, advirtió Gutiérrez Espíndola.
Según indicadores del Instituto Nacional de Evaluación (INE), insistió, niñas y niños que realizan actividades laborales con 20 horas o más de trabajo a la semana ‘No tienen un buen desempeño académico, se ausentan más de las aulas y no dedican tiempo suficiente a las tareas escolares’.
Es decir, explicó Gutiérrez Espíndola: “La condición de actividad laboral es la variable que, junto con el bajo nivel de escolaridad de la jefa o jefe de familia explica el mayor menoscabo de la asistencia escolar de niñas y niños”.
En ese contexto, advirtió también que el impacto del no cumplimiento del derecho a la educación es devastador para niñas y niños migrantes que trabajan en los campos agrícolas: “A quienes el sistema educativo continúa sin darles la atención adecuada para evitar que no abandonen la escuela”.
El caso de las y los niños indígenas es también dramático, agregó Gutiérrez Espíndola: “La proporción de quienes trabajan es superior al de sus pares no indígenas, así como de quienes por trabajar no asisten o abandonan más pronto la escuela”.
En el caso de la ciudad de México, señaló, además de que tienen que contribuir con el ingreso familiar, van a escuelas donde no se les ofrece una educación de calidad: “Lingüística y culturalmente el sistema no es el pertinente, las autoridades se desentienden de sus necesidades, condiciones y especificidades, condenándolos a una deserción escolar temprana y a la perpetuación intergeneracional de la pobreza”.
Al respecto, el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, dijo que el trabajo infantil ha sido visto en relación con la pobreza, referido a veces a la indolencia y responsabilidad individual de quien introduce a la niña o niño al mercado de trabajo, así como los enfoques psicológicos que ven en esta dinámica a ‘quienes nacieron para trabajar’ y lo traen ‘como herencia’ de la familia y su comunidad, como estilo de vida inadecuado, con ‘bajas aspiraciones’.
En su participación en la Mesa II: Políticas Públicas, Sauri Suárez, exhortó a erradicar esta visión en la conformación de políticas públicas, contraria a la de los derechos humanos, que busca la erradicación del trabajo infantil, que propone sancionar a las familias y ‘a las malas-madres’ que tienen a los niños trabajando, que criminaliza la pobreza.
El trabajo infantil está profundamente vinculado a la estructura económica y al mercado de empleo, sostuvo. En ese contexto, explicó: “El enfoque de derechos humanos nos plantea la obligación del Estado para generar condiciones de igualdad, que pasa también por garantizar Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) para todas y todos”.
Lo anterior significa, agregó, que las políticas públicas frente al trabajo infantil deben de combinar sistemas universales y de calidad con las Observaciones del Comité DESC, es decir: “Buena salud, buena educación, de calidad, accesible, evaluable por los sujetos de derechos y también políticas focalizadas”.
Es decir, explicó, no significa el desplazamiento de unas políticas por otras: “Se requieren políticas específicas, diferenciadas para las niñas que trabajan dentro de la casa, aunque no sea su hogar, frente a los niños en el campo, con respuestas distintas; a la vez que se requieren de sistemas de educación general, de salud universal, porque otro tipo de respuestas lo único que hacen es criminalizar la pobreza y al ocultamiento de que el mercado de trabajo infantil está vinculado al mercado económico general”.
Por su parte, la funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno capitalino, María Guadalupe Moreno Figueroa, se refirió al desfasamiento entre las normas jurídicas y la realidad, evidenciada dijo en la gratuidad y obligatoriedad de la educación, que en los hechos está condicionada a los gastos que deben hacer los padres o tutores para mandar a sus hijos a la escuela.
El salario mínimo debiera ajustarse al sostenimiento de las necesidades básicas, ya no de una familia, pero la verdad es que no alcanza ni para los de una persona, señaló.
En razón de ello, explicó, muchas niñas y niños abandonan la escuela, además de que son muchos más los que trabajan, pero son invisibilizados en las estadísticas, como pequeños menores de 5 años, que ayudan a sus padres en la venta de productos, sin recibir por ello remuneración alguna.
En razón de lo anterior, se pronunció por la integración de la subcomisión intersecretarial para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el Distrito Federal que redunde en la elaboración de políticas públicas y en los mecanismos que faciliten el ejercicio de los derechos de niñas y niños.
La profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dolores Muñozcano Skydmore, se refirió a los resultados de un estudio que coordinó y presentó en junio de 2012, en el que demuestra que la mayoría de las niñas y niños trabajadores en el Distrito Federal también van a la escuela.
En la investigación editada como libro por la UNAM y titulada ¿Trabajas y estudias? Mirada sobre el trabajo infantil entrevistaron a 699 niñas y niños en siete centros escolares de las Delegaciones Cuauhtémoc, Tlalpan, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.
Dijo que se registraron 160 actividades diferentes en las que desempeñaban mayormente labores en el comercio informal, pero también como taxistas, trabajadores del campo, en un rastro, como archivistas, entre otros, así como de quienes trabajan dentro (28.5%) o fuera (45.6%) y dentro y fuera de su casa (25.9%).
El estudio, agregó Muñozcano Skydmore, incluye variables como el ingreso que obtienen por su trabajo, cuando éste existe; qué días trabajan, quién los insertó en el mercado de trabajo, las razones; en qué lugares trabajan, quién los atienden cuando enferman, así como con quién viven y si les gusta o no trabajar, entre otras.