En México hay una falta de voluntad política para garantizar la defensa de los derechos de los profesionales del periodismo y la comunicación, quienes son víctimas de amenazas, agresiones y asesinatos.
Así lo denunciaron los senadores del grupo parlamentario del PRD, encabezados por su coordinador Carlos Navarrete Ruiz, quienes se reunieron con representantes del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
En la reunión donde participó Mike O’Connor, representante en México del CPJ, los senadores Carlos Sotelo García, vicecoordinador parlamentario; Leonel Godoy Rangel, Rubén Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, comentaron que en nuestro país el periodismo es una profesión de alto riesgo debido a la violencia generalizada que existe en varias regiones y señalaron que el principal obstáculo para combatir este flagelo es la impunidad, pues sólo ocho de cada 100 crímenes se logran esclarecer.
El senador Navarrete señaló que han impulsado una reforma al artículo 73 de la Constitución –que se prevé sea aprobada la próxima semana por el Pleno del Senado y enviada a los congresos estatales para su ratificación-, la cual busca que todos los delitos del fuero común que tengan relación con delitos contra periodistas, en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta puedan ser atraídos, investigados y castigados por autoridades federales.
Consideró que esta reforma constitucional es un gran avance para la defensa del gremio periodístico, sin embargo, lamentó que México no cuente con un comité encargado de la protección de los profesionales de la información, así como la falta de resultados de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República.
“No vemos interés especial del gobierno federal por canalizar recursos financieros, humanos, materiales, de investigación, de persecución y de castigo para los delitos de prensa”, y el Congreso de la Unión debe “exigir desde el punto de vista político que esto ocurra y legislar para darle facultades al gobierno”, aseveró.
En la reunión donde estuvieron presentes Danny O’Brien, coordinador internacional del asuntos de Internet de la CPJ, y los periodistas María Teresa Ronderos y Carlos Lauria, el senador Carlos Sotelo García, vicecoordinador de la bancada del PRD, consideró que la labor de la Fiscalía Especializada de la PGR es “insuficiente”, por lo que es urgente impulsar una ley que permita la creación de un comité ciudadano para la protección de periodistas, que establezca medidas cautelares para este gremio.
En la reunión que se realizó en las oficinas del Instituto Belisario Domínguez en la sede del Senado de la República, el legislador por Michoacán, Leonel Godoy Rangel, afirmó que el principal obstáculo para especificar el tipo penal de los delitos contra periodistas en el Código Penal Federal y para combatir la impunidad, no sólo en este delito sino en muchos otros, como el feminicio, es la “falta de voluntad política”.
Por su parte, el senador Rubén Velázquez López comentó que es necesario que tanto el Poder Legislativo como las organizaciones no gubernamentales obliguen al gobierno federal a implementar acciones que permitan hacer justicia a las víctimas para que las amenazas, agresiones y asesinatos contra el gremio periodístico no se sigan cometiendo.
Propuso que las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y de los periodistas convoquen a un “gran foro nacional para armar una estrategia integral para presionar a las tres instancias de gobierno para que actúen” de inmediato, así como para impulsar la aprobación de la Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Los representantes del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) coincidieron en que este tema debe ser una “prioridad” para los tres Poderes de la Unión, pues ser periodista no es un privilegio, pero los delitos cometidos contra este gremio es atentar contra derechos fundamentales de todos los mexicanos, como la libertad de expresión y el derecho a la información, por ello la urgencia de atender cuanto antes este problema.