La diputada federal Lucila Garfias Gutiérrez dijo que a consecuencia del robo de mil 200 kilómetros de cable de cobre entre los años 2010 y 2011, hubo más de cinco mil apagones en todo el país.
Explicó que el material robado produjo pérdidas económicas por más de 73 millones de pesos. “Nada comparado con los presumibles 387 mil pesos recibidos por los delincuentes”, expuso.
Por ello la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 381 del Código Penal Federal para sancionar con penas de 2 a 7 años de prisión el robo de cable de cobre, cuando a consecuencia de ello se interrumpan servicios públicos básicos.
“El robo de líneas de conducción eléctrica representa pérdidas millonarias para los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, que se ven obligados a reparar continuamente los daños ocasionados por los delincuentes, con el fin de seguir brindando el servicio de alumbrado público a las comunidades y a los ciudadanos”, señaló el órgano parlamentario.
Las reformas al artículo 381 del Código Penal Federal sanciona con penas de 2 a 7 años de prisión el robo de cable de cobre, cuando a consecuencia de ello se interrumpan servicios públicos básicos.
Las modificaciones, avaladas con 387 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, agrava este tipo de hurto debido a que en los últimos años se ha incrementado este delito dado el valor importante que ha adquirido el cobre como eficaz conductor de la energía eléctrica.
El dictamen de la Comisión de Justicia indica que el metal robado proviene de infinidad de sitios, como subestaciones eléctricas, campos agrícolas y alumbrado público, así como cualquier tipo de instalación que posea cobre en su interior; todo este material es vendido posteriormente en el mercado negro.
Al dar fundamento al dictamen, el diputado Javier Filiberto Guevara González, quien propuso las reformas, dijo que este ilícito ha cobrado relevancia por el costo económico que representa su pérdida para los servicios públicos que brinda el Estado.
“El robo de líneas de conducción eléctrica representa pérdidas millonarias para los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, que se ven obligados a reparar continuamente los daños ocasionados por los delincuentes, con el fin de seguir brindando el servicio de alumbrado público a las comunidades y a los ciudadanos”, explicó.
Mencionó que la fácil comercialización y alta demanda en su compra, sin tener conocimiento de su procedencia, han sido factores para el aumento de este delito. “Es un negocio creciente por las altas ganancias que les dejan a los delincuentes y a los compradores, que saben que están adquiriendo algo que es robado”.