El Director General de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República, Francisco Castillo Alemán, informó que en México uno de cada seis jóvenes víctimas de bullying termina suicidándose y afirmó que este tipo de violencia la ejercen 8.8 por ciento de los niños en escuelas primarias y 5.6 por ciento en secundarias.

En un informe entregado a la Cámara de Diputados, el funcionario explicó que el bullying se presenta tanto en escuelas públicas como privadas de educación básica y su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación e incluso deserción, además de que este comportamiento se está expandiendo y arraigando a nivel mundial en donde Perú, Puerto Rico, Chile y Canadá ya empezaron a regularlo.

En ese sentido, puntualizó que para combatir la problemática del bullying los legisladores federales han presentado diversas iniciativas que pretenden regular este fenómeno social “que cada vez se hace más latente sobre todo en las escuelas del nivel de educación básica y media superior”.

Con dichas propuestas se busca incorporar la figura de “cultura de la paz”; otorgar a las autoridades educativas federal y locales la atribución concurrente para promover la creación de mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones.

Facultar a los educadores y autoridades escolares para que hagan del conocimiento sobre los casos que identifiquen sobre violencia y abuso, e incorporar los términos “respeto” y “armonía” que engloban actitudes de consideración y tolerancia como la ausencia de violencia.

Respecto a las entidades que ya regulan el acoso escolar, mencionó que en el Distrito Federal la Ley promueve la convivencia libre de violencia en el entorno escolar; las de Nayarit y Puebla regulan la seguridad integral escolar; en el caso de Tamaulipas sólo señala de manera general a la seguridad escolar, y en Veracruz se expide una Ley contra el acoso escolar.

Por su parte, la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis  (DGSDIA) de la Cámara de Diputados informó que en México, solamente Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal cuentan con una ley específica para regular la violencia escolar, a pesar de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha catalogado al país como el primer lugar a nivel internacional con mayores casos de bullying en secundaria.

En el resto de las entidades sólo se observa en la legislación en materia educativa y de manera general el compromiso por otorgar una educación libre de violencia y fomentar la cultura de la paz, destacó la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis  (DGSDIA) de la Cámara de Diputados.

A través del documento “El bullying o acoso escolar”, refirió que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de un 7 por ciento.

Mientras que el porcentaje de estudiantes de sexto grado de primaria que declaran haber sido víctimas -en su escuela- de robo, es de 40.24 por ciento; insultados o amenazados, 25.35 por ciento; golpeados, 16.72 por ciento, o atravesado por algún episodio de violencia, 44.47 por ciento.

Precisó que la edad más frecuente de que aparezca el bullying - según las estadísticas- es entre los 7 y 14 años. Sin embargo, “hay conductas que aparecen en niños más pequeños, pero son difíciles de medir por falta de métodos específicos”.

La investigadora parlamentaria de la DGSDIA, Claudia Gamboa Montejano, argumentó que en éstas existen coincidencias, como señalar a las  autoridades que son responsables de conocer sobre los casos de bullying que se presenten en el centro escolar.

En tres de éstas leyes se indican los sujetos que deben intervenir en el bullying para considerarse como tal: la persona generadora del maltrato escolar-autor, la receptora-víctima, al receptor indirecto y al cómplice, se enfatiza en el documento de la DGSDIA, que dirige Cuauhtémoc Santa Ana Seuthe.