La senadora Lorena Cuéllar Cisneros propuso establecer convenios entre Gobierno federal y el sector privado para que proporcionen mayores oportunidades a las personas discapacitadas y garantizar así su acceso a un empleo formal remunerado.
La Secretaria del Trabajo reportó que en México 3.5 millones de personas con discapacidad viven en la pobreza y sólo 1.5 forman parte de la población económicamente activa, pues el mayor reto para estas personas sigue siendo la exclusión de la vida laboral y productiva del país, señaló la senadora.
Mediante una iniciativa la legisladora por Tlaxcala destacó que en las familias donde hay personas con discapacidad los gastos se incrementan a causa de la inversión en asistencia personal, atención médica, dispositivos auxiliares y medicamentos que ayuden a mejorar su condición.
“Si reconocemos que en nuestro país todas las personas tenemos derecho a tener un trabajo que nos permita recibir un ingreso económico y gozar de prestaciones laborales y de seguridad social, es necesario garantizar que esas condiciones se cumplan para la población con discapacidad”, afirmó Cuéllar Cisneros.
La iniciativa busca que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se apoye económicamente a empresas y centros laborales a fin de mejorar sus instalaciones y adecuarlas para facilitar el acceso de las personas discapacitadas.
Además, se pretende facultar al Poder Ejecutivo para impulsar medidas que coadyuven en el financiamiento a personas discapacitadas que eligen el autoempleo o deciden emprender un negocio.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Social manifestó que es necesario llevar a cabo acciones en materia de vialidad y transporte público, adecuando espacios públicos y medios de transporte mediante la construcción de rampas, aceras rebajadas o pasos de peatones que protejan a los ciudadanos discapacitados.
“En México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, condición social, de salud, religión y cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas”, sostuvo la senadora.
Por ello, aseguró que con la aplicación de estas reformas se avanzará en la inclusión de personas con discapacidad a la economía nacional mejorando sus vidas, las de sus familias y las condiciones de la sociedad mexicana en general.