*Corrupción y alto grado de opacidad
Oscuros otorgamientos de donativos, estímulos fiscales, permisos, concesiones y licencias, así como sospechosa enajenación de bienes; ilegales remuneraciones de los servidores públicos; falta de cobro de los créditos fiscales y castigo de las carteras de adeudos, es el “criminal cochinero” que encontraron los diputados federales en la cuenta pública del año 208.
Además, descubrieron utilización desviada de recursos públicos provenientes de derechos y aprovechamientos; mala utilización de las disponibilidades en fideicomisos; y por si fuera poco, en ese mismo año hubo ilegales préstamos a sindicatos y contratación de créditos.
Por ello la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que preside el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, emitió un dictamen en el que señala que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública de 2008, toda vez que no se cumplieron los objetivos de la política de gasto.
En el documento se menciona que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios establecidos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues los avances en el desempeño de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal.
Se reconoce que de los 987 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 322 resultaron con opinión limpia, sin embargo, “existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y se detectaron irregularidades en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y municipios”.
Navarrete Prida indicó que corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación fincar las responsabilidades de carácter administrativo o penal por el mal uso de recursos o ejercicio inadecuado del gasto.
En el documento, que será puesto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, se precisa que de los 987 dictámenes que emitió la ASF, sólo 322 (32.6 %) tuvieron opinión limpia; 356 (36.1%) salvedad; 292 (29.6%) resolución negativa; 12 (1.2%) abstención de opinión y 5 auditorías no tuvieron opinión.
Se resalta que durante 2008 el crecimiento económico fue del 1.3%, cifra menor al 3.7% previsto, lo que se reflejó en una contracción de la economía, mayor rezago en la generación de empleo, menor ingreso per cápita y menor desarrollo social en términos de salud, educación, seguridad e incremento en la pobreza.
Durante 2008, se añade, el Ejecutivo Federal no aplicó en forma oportuna y adecuada un programa anti-cíclico que aminorara los fuertes embates de la desaceleración económica mundial y el retroceso del bienestar de la población.
Sobresale en el documento que la sustentabilidad fiscal siguió endeble, debido a la dependencia de los ingresos petroleros en 2008 y no se instrumentaron políticas públicas que aminoraran los riesgos de un sustento fiscal petrolizado y dieran eficiencia al sistema recaudatorio del país.
El ejercicio del gasto para 2008, se afirma, se caracterizó por importantes subejercicios encubiertos como economías; o bien direccionados a fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos; retraso en las ministraciones de recursos sobre todo a estados y municipios; discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos y falta de transparencia en términos de registro contable y destino de aplicación del gasto.
Se detalla que los estados, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal mantuvieron prácticas recurrentes de irregularidades en la recepción, administración y utilización de los recursos federales transferidos.
Durante 2008, se afirma, no se instrumentó una política integral orientada a la creación de empleos, “por lo que no se cumplió la meta de crear 800 mil puestos de trabajo en el año, por el contrario, el número de trabajadores asegurados al término del ejercicio se redujo en 37 mil 535, por lo que no sólo no hubo generación de empleos sino que se presentó una pérdida en los mismos”.
Asimismo, el diseño y aplicación de políticas públicas orientadas al combate a la pobreza fue ineficaz, pues se señala que “los proyectos asistencialistas para abatir la pobreza mediante apoyos en efectivo y en especie no son suficientes para resolver un problema de carácter estructural, sólo actúan como un paliativo en un reducido sector”.
La Comisión de Presupuesto destaca que el incremento del 12.5% al presupuesto destinado a seguridad pública no se vio reflejado en una menor incidencia delictiva, lo que significó ineficiencia en la aplicación de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia.
Menciona que la seguridad pública siguió deteriorándose como consecuencia del incremento de los delitos violentos perpetrados por la delincuencia organizada, particularmente el homicidio, el secuestro, los delitos contra la salud, trata de personas, tráfico de armas de fuego, la extorsión y a la ineficacia en su investigación y persecución.
Aunado a esa situación, resalta, se registraron importantes subejercicios en los recursos que se transfieren a los estados y municipios en materia de seguridad pública debido, entre otros factores, a los tiempos de la expedición de las reglas de operación de los fondos y a la complejidad de éstas.
En el decreto relativo a la Revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2008 se puntualiza que la discrecionalidad en el ejercicio del gasto genera corrupción y alto grado de opacidad, fenómeno que se manifiesta en el manejo y aplicación de los excedentes presupuestales.
También en el otorgamiento de donativos, estímulos fiscales, permisos, concesiones y licencias; enajenación de bienes; remuneraciones de los servidores públicos; falta de cobro de los créditos fiscales y castigo de las carteras de adeudos; utilización de recursos públicos provenientes de derechos y aprovechamientos; utilización de las disponibilidades en fideicomisos; préstamos a sindicatos y contratación de créditos.