Con las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Federal del Trabajo, el Estado mexicano podrá adoptar medidas para erradicar el acoso y la discriminación de las mujeres en sus centros de trabajo.
Así lo afirmó el senador Julián Güitrón Fuentevilla, al señalar que las reformas a ambas leyes, producto de iniciativas presentadas por distintos partidos entre 2007 y 2012, establecen, entre otras cosas, que la violencia psicológica es también la que causa detrimento emocional.
Dijo que la integración de un banco de datos con información que aporten los tres órdenes de gobierno sobre violencia contra mujeres, así como la creación, por parte de los gobiernos del DF y de los estados, de unidades especializadas en la prevención, atención y protección a las víctimas de la violencia de género, representa un mecanismo de elemental importancia.
En declaraciones para los medios de comunicación, el legislador mencionó que según datos recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México hay 28.6 millones de hogares en los que se presenta la violencia familiar, lo que da lugar a situaciones que lesionan la dignidad y los derechos fundamentales de las víctimas.
Asimismo, agregó, hay datos que acreditan que cuatro de cada 10 mujeres que mantuvieron o mantienen una relación, han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida; los asesinatos de mujeres constituyen una de las formas más extremas de violencia cometida por razones de género.
“Este fenómeno, conocido como feminicidio, da cuenta de que la violencia contra mujeres es una manifestación de la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, que culmina con el asesinato”, enfatizó el senador de Movimiento Ciudadano. El también académico universitario citó datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, según los cuales entre 2009 y junio de 2010 se reportaron mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país: Chihuahua, el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa y Morelos concentraron esos crímenes.
“No olvidemos, que desde 1993 México ha sido objeto de una creciente preocupación por parte de la sociedad civil y la comunidad internacional, debido a los numerosos casos de feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Sin embargo, las recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales de derechos humanos sobre esta problemática, no han sido plenamente atendidas por el Estado”, señaló el senador.
Pero además de la violencia contra las mujeres, prosiguió, hay casos de menores, personas de la tercera edad o con discapacidad, que sufren violencia física, psicológica, verbal, económica o sexual, rechazo e indiferencia.
Y al resaltar que la falta de datos, información y la generación de estadísticas son limitantes para desarrollar mediciones, dijo que se requiere de un compromiso del Estado mexicano para recopilar, procesar y analizar la información sobre el estado que guarda la violencia contra las mujeres.
En cuanto a la violencia contra las mujeres en sus centros de trabajo, destacó que según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, alrededor del 30 por ciento de las mujeres mexicanas padece agresión laboral, el 24 por ciento es víctima de discriminación y cerca del 13 por ciento sufre acoso moral, físico o sexual.
Igualmente, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la Secretaría del Trabajo precisó que de aquellas que sufrieron discriminación laboral, el 36 por ciento manifestó que le solicitaron la prueba de no embarazo como requisito de contratación.
“En tal sentido, en ninguna circunstancia la violencia debe de ser tolerada como una expresión del comportamiento humano y en cualquiera de sus manifestaciones, y en especial la que se ejerce contra las mujeres, la niñez o los grupos vulnerables, debe ser anulada de la vida personal y social, inclusive como vía para resolver divergencias y conflictos”, aseveró finalmente el senador Güitrón.