A fin de establecer un órgano que vigile el actuar de los servidores públicos y combatir con mayor eficacia a los funcionarios corruptos, la senadora Minerva Hernández Ramos anunció que buscar´pa empujar una iniciativa para reformar los artículos 112 y 113 de la Constitución.
Al presentar la proposición para incorporar al texto constitucional la figura jurídica del Tribunal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que sea la autoridad jurisdiccional en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y responsabilidad patrimonial del Estado, la legisladora aseveró que es necesario implementar políticas públicas de alto impacto y bajo costo para disminuir la incidencia en actos de corrupción.
“El tema debe ser una prioridad para todo gobernante y el esfuerzo debe sostenerse en el largo plazo para que dé resultados, pues ya no es suficiente la interposición de denuncias ante las instancias correspondientes, ya que éstas o no se integran o no se radican adecuadamente y, por tanto, en la mayoría de ocasiones por falta de elementos no se sanciona al servidor público, quedando en la impunidad y daño al patrimonio del Estado”, señaló.
Y añadió: “El Tribunal contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley y contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento”.
Explicó que de prosperar su propuesta, la Sala Superior se integrará por cinco magistrados y el presidente del Tribunal será elegido por ésta para ejercer el cargo por cinco años.
Además, los magistrados que integren este órgano, serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta del Presidente de la República.
De igual modo, los magistrados deberán satisfacer los requisitos que estipule la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durarán en su encargo 10 años improrrogables, detalló.
El establecimiento de un marco jurídico adecuado de responsabilidades para los servidores públicos ha sido una preocupación constante en todo régimen democrático, ya que se debe evitar el abuso del poder y controlar su ejercicio, así como asegurar la rendición de cuentas, consideró Hernández Ramos.