El vicecoordinador de los diputados federales priístas, José Ramón Martel, exigió al presidente Felipe Calderón que en un acto de congruencia reintegre a estados y municipios los 447 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales fueron recortados y cuyos efectos han golpeado al 80 por ciento de las localidades.
Al mismo tiempo demandó al gobierno de la República que respete y se comprometa con todos los estados y municipios a anteponer el desarrollo nacional antes que cualquier motivo político o personal, sobre todo por el caso de la crisis permanente de los municipios, que están sujetos a la decisión unilateral del Ejecutivo.
Puntualizó que en diversas regiones de México hay ejemplos vivos de la angustia ciudadana y municipal para salir adelante, en medio de los continuos recortes a las participaciones y aportaciones federales, por lo que resulta urgente resolver las deficiencias que impiden profundizar en el verdadero federalismo fiscal.
Dijo a manera de ejemplo que tal es el caso de Michoacán, en donde impactó severamente en alcaldías como Buena Vista, que sufrió un recorte de más de 60%, o como Erongarícuaro, que cerró por 15 días la alcaldía, con lo que dejó de prestar casi todos los servicios, al igual que Churintizio, uno de los municipios más pobres, que a partir de este 1 de agosto funciona a su mínima capacidad, con empleados de confianza que no cobrarán sueldos hasta nuevo aviso.
Y este es nada más una muestra de lo que acontece en diversas regiones del país que viven en la incertidumbre y la angustia a consecuencia de los recortes en las participaciones federales.
José Ramón Martel expuso que la demanda insatisfecha de actividades y servicios públicos estatales y municipales, así como la apreciación de que el gobierno federal dispone de recursos más que suficientes, ha desempeñado un papel importante en la insistencia de acelerar el proceso del federalismo fiscal.
Indicó que el interés sobre el tema del federalismo fiscal se ha avivado en el marco de la democratización del país y tras el proyecto fallido de la Administración Federal, en el sentido de que realizaría una Reforma Fiscal Integral, es decir, una eventual transformación de la estructura tributaria, y con ello, la adecuación de las políticas de ingresos y egresos públicos federales a la necesidad de crear las condiciones e incentivos que se requieren para lograr el desarrollo económico sano y sustentable del país.
El legislador priista enfatizó que el problema del federalismo o descentralización fiscal es la transferencia de la toma de decisiones y de poderes respecto a ingresos, egresos y endeudamiento del gobierno federal a los gobiernos estatales y municipales.
Sin embargo, añadió, el funcionamiento del sistema de coordinación fiscal ha incrementado la dependencia de los gobiernos estatales y municipales respecto del gobierno federal, y ello propicia que todavía existan insuficiencias en la asignación de recursos federales, desequilibrios entre entidades federativas y una distribución desigual de los recursos, en la cual el gobierno federal se ve favorecido en detrimento de estados y municipios.
Fue entonces que aludió que para constatar la gravedad de la situación, se considera el recorte a las aportaciones federales para los municipios, que este año se estima en más de 447 millones de pesos que provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que golpeó a 80% de las localidades, concluyó.