Ante el airado pronunciamiento que hizo Josefina Vázquez Mota, candidato del PAN a la Presidencia de la República, en el sentido de que la Secretaría de Gobernación está totalmente rebasada en materia de seguridad, el presidente Felipe Calderón se enfadó y ordenó a su vocera Alejandra Sota Mirafuentes a responder y rechazar esa versión de la aspirante a Los Pinos.
Y aunque la vocera no mencionó en ningún a la Secretaría de Gobernación durante la conferencia de prensa a que convocó, en la versión del portal de la Presidencia de la República tituló la versión estenográfica con el siguiente cabezal: Evaluación y Control de Confianza en SEGOB
Aquí las palabras textuales que leyó la vocera Alejandra Sota Mirafuentes:
El eje de una seguridad permanente se basa en instituciones de seguridad y justicia eficientes y confiables.
Sólo con policías, Ministerios Públicos y jueces efectivos, podremos disuadir la comisión de delitos como el homicidio, el secuestro, el robo y la extorsión.
El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública es uno de los tres componentes de la Estrategia Nacional de Seguridad; es uno de los principales compromisos adquiridos, desde 2008, por autoridades federales y gobernadores, en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia, la Seguridad y la Legalidad, y es una obligación contenida en la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este marco, existen esfuerzos muy importantes por parte de diversas autoridades del orden Federal y locales por mejorar el entorno institucional de sus comunidades.
Sin embargo, es evidente que existen tareas pendientes a las que debemos abocarnos si lo que deseamos es un entorno más seguro para nuestras familias en ciudades, en algunos estados.
A la par que el Gobierno Federal ha realizado un esfuerzo, sin precedentes, en el fortalecimiento de sus instituciones, hemos también apoyado, con todos los instrumentos a nuestro alcance, a estados y municipios para que conduzcan y completen sus propios procesos de transformación policial y ministerial.
Por ejemplo, 17 mil 300 millones de pesos, tan sólo en este año 2012, serán transferidos por el Gobierno Federal a entidades federativas y municipios, a través de fondos y subsidios, siempre, esto es importante, que muestren resultados concretos a favor de la seguridad de sus comunidades.
Estos recursos representan la cantidad más alta transferida en la historia del país para el fortalecimiento institucional en materia de seguridad.
No obstante, a casi cuatro años de la firma del Acuerdo Nacional y de una constante renovación explícita de este compromiso, por parte de las autoridades, el resultado es aún insuficiente a nivel estatal.
Voy a mencionar algunas consideraciones:
En primer lugar, en cuanto a los Centros de Evaluación y Control de Confianza, hay que señalar que existen avances sobresalientes en 21 entidades federativas, así como en el ámbito Federal.
Como veremos en la presentación, entidades tan disímbolas como Tlaxcala, Baja California, Distrito Federal o Colima cuentan ya con centros con operaciones apegadas al modelo nacional.
Sin embargo, hay 16 centros estatales que aún no están plenamente acreditados.
Es importante destacar aquí la labor del apoyo subsidiario a los estados que realiza la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República para evaluar a los mandos de seguridad pública locales, como a las unidades especializadas en el combate al secuestro.
En segundo lugar, cabe destacar que en cuanto a la depuración y la certificación de policías y Ministerios Públicos locales, es urgente apretar el paso.
Es preocupante, por ejemplo, que prácticamente uno de cada dos mandos que toman decisiones sobre las acciones contra la delincuencia en el ámbito estatal y municipal, no han pasado por Controles de Confianza todavía.
En tercer lugar, al tiempo que debe reconocerse a 11 entidades federativas por mostrar un desempeño destacado en la aplicación de evaluaciones de Control de Confianza, también es preocupante que en el bimestre enero-febrero de 2012, 12 estados hayan registrado menos del 50 por ciento de avance en la meta que ellos mismos establecieron.
Cabe mencionar que para este Ejercicio Fiscal es condición indispensable que los altos mandos de estados y municipios estén acreditados en Control de Confianza para poder recibir los fondos federales en materia de seguridad pública.
Reiteramos a las entidades la disposición total y absoluta de las dependencias federales para lograr este objetivo.
En cuarto lugar, en contraste, la aplicación de controles de confianza a nivel Federal se ha cumplido sin dilaciones, cabe destacar que todos los elementos federales de seguridad y procuración de justicia, el 100 por ciento han sido evaluados al menos en una ocasión.
Asimismo, el 89 por ciento de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, han sido evaluados en más de una ocasión para efectos de permanencia en su servicio.
Tanto el Gobierno Federal, como los de las entidades federativas, tenemos clara la magnitud y el reto que implica el compromiso asumido con los ciudadanos, con la sociedad, en materia de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y, particularmente, en garantizar la confiabilidad de las policías, los Ministerios Públicos y los peritos de este país.
Sin embargo, y a la luz de los resultados que expondrá el Secretario Ejecutivo, se puede constatar, que a pesar de los avances, que a pesar de que hay voluntad en muchas entidades federativas, es necesario redoblar los esfuerzos a fin de cumplir con las metas, y estar a la altura de la obligación y los compromisos asumidos públicamente y de cara a la sociedad.
Para ello, cada entidad federativa definió, los mismos gobernadores, las entidades federativas definieron un ruta crítica que debe de cumplirse y ser consecuente en términos de ley.
El Gobierno Federal refrenda que continuará apoyando de manera decidida todo esfuerzo institucional en favor de la seguridad pública a nivel local.
En el mismo sentido, exhortamos respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales a que realicen un esfuerzo renovado para alcanzar la meta trazada en esta materia.
Para ello, mantendremos el despliegue de toda nuestra asesoría técnica, transferencia de recursos fiscales para la atención de las prioridades locales, el apoyo en el reclutamiento de los mejores profesionales posibles, además de otros mecanismos definidos en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.