Actualmente México enfrenta diversos y peligrosos conflictos limítrofes, entre los casos más conocidos se encuentran los de Chimalapas, entre Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, Jalisco y Colima, afirmó la diputada federal María Teresa Ochoa Mejía.

Dijo que de ahí la importancia de las reformas legales que se aprobaron con el respaldo de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados.

“Coincidimos con el planteamiento de que la Suprema Corte de Justicia recupere la facultad constitucional de dirimir los conflictos sobre los límites territoriales, vía la controversia constitucional, toda vez que por su naturaleza de su función jurisdiccional cuenta con basta y probada experiencia para hacerse cargo de los litigios entre partes”, expuso.

Añadió que el modelo vigente faculta al Senado para dirimir los conflictos a los que se hacen referencia, pero se enfrenta a limitaciones debido a que la Cámara de Diputados no es un órgano jurisdiccional, atribución que si desempeña el máximo órgano de justicia del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo tanto, consideramos que esta disposición de reforma es una medida acertada para llevar a la esfera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocimiento y la solución de los diferendos que enfrentan, en no pocas ocasiones, las entidades federativas convirtiéndose en origen de graves problemas políticos.

“El espíritu de la reforma planteada fortalece la división de poderes y atiende a una de las demandas de nuestro país en el sentido de ayudar a un renovado federalismo, ello hace indispensable encontrar las vías adecuadas para solucionar las controversias entre la federación y un estado o el Distrito Federal o la federación y un municipio.

“Con las modificaciones propuestas al artículo 105 constitucional todos los niveles de gobierno se verán beneficiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmara su carácter de órgano que vigila que la federación, los estados y municipios actúen de conformidad con lo previsto en nuestra Carta Magna”.