El senador José Luis Máximo García Zalvidea consideró necesario construir una reforma penitenciaria que atienda el caso de aquellos reos recluidos por delitos menores, debido a que los penales se han convertido en centros de educación superior al habilitar al preso como “profesional de fechorías y un monstruo de odio y crimen”.
El también secretario de la Comisión de Seguridad Pública comentó que alrededor del 30 por ciento de los reos recluidos en los penales del país son inocentes, y son remitidos por no tener los recursos para pagar las mínimas fianzas establecidas para conseguir la libertad.
Explicó que hay casos de robo famélico, “para llevar algo a la casa, cuando el juez le pone una fianza de dos mil pesos, pues no lo tienen, o les asignan abogados poco capacitados y se van recluidos por delitos menores”, indicó García Zalvidea.
Señaló que este tipo de casos ha provocado la sobrepoblación en los centros de readaptación social, y “es de suma importancia atender este problema fundamental, además de la violencia que son fenómenos que están fuera de control”.
José Luis Máximo García Zalvidea mencionó que los penales del país se han convertido en centros de educación superior ya que algunos de los sentenciados por delitos menores “salen como “monstruos de odio y crimen”, al haber aprendido técnicas del crimen más graves de las que originó su reclusión.
Aunado a este tema, el senador del PRD, resaltó la necesidad de garantizar los derechos humanos de los reos, debido a que dentro de los penales se presentan prácticas de maltrato, mala alimentación, escasez de medicinas, maltrato a familiares, entre otros.
El también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, refirió que presentó una iniciativa para reconocer los derechos constitucionales de internos penitenciarios, “la cual pretende resolver los problemas que agobian a las cárceles de nuestro país como la sobrepoblación, la violación de las garantías de los presos, e incluso, condiciones de trabajo complicadas para los custodios”.
Añadió que los recientes disturbios que se han presentado en diferentes penales del país, responden a que estos centros se rigen bajo un esquema de “autogobierno”, debido a que se encuentran en manos del crimen organizado y no de las autoridades.
“Las autoridades le tienen que pedir permiso a los verdaderos jefes de los penales para hacer cualquier tipo de eventos, hay que revertir esta situación y considerar la privatización de las cárceles siempre y cuando se acredite la capacidad de las personas encargadas de este proceso y la experiencia de otros países en el caso”.