El Director General de Asuntos Internos de la Policía Federal, Edgardo Flores Campbell, afirmó que está en manos del Poder Legislativo impulsar controles de confianza, fiscalización y supervisión de los cuerpos policiacos locales, en vista de que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) no tiene el poder coercitivo para que las procuradurías estatales instauren áreas de control interno.
En reunión de trabajo con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la cámara de Diputados, explicó que la CNS tiene entre sus compromisos fortalecer a estados y municipios en materia de transparencia; empero, dijo, la instancia no puede obligar a las autoridades locales a vigilar las faltas de los cuerpos policiacos, sólo sensibilizar al respecto a secretarios de seguridad estatales y gobernadores.
“Tratamos de impulsar una agenda que puntualice la necesidad de que el ciudadano, al ser objeto del abuso por parte de un policía, pueda recurrir al palacio municipal o área de quejas a pedir una investigación con análisis y tecnología, para fincar responsabilidades a quien corresponda”, les dijo a los diputados.
Asimismo, subrayó que de existir acciones de prevención, disuasión y presencia in situ para la supervisión de los servicios de seguridad, se evitarían casos como los denunciados en Ayotzinapa, Guerrero, donde se dieron excesos por parte de la policía local.
Al participar en el encuentro, Carlos Alberto Rentería Rivera, auditor municipal de fiscalización del municipio de Querétaro, se sumó al llamado para fijar en las normas la obligación de implementar modelos de transparencia y vigilancia de las actividades de seguridad, en orden de prescindir de la “voluntad política” de los gobernantes para cumplir con esta responsabilidad.
Precisó que en la reforma de transparencia y anticorrupción que discutirá el Poder Legislativo deben incorporarse medidas preventivas, y la obligación de las entidades y municipios de certificar a las instancias de seguridad por vía de órganos externos.
Propuso incorporar un fondo especial para el combate a la corrupción en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pero no etiquetado para las dependencias y ayuntamientos para que hagan lo conducente en la materia, sino para los modelos de certificación.
De no lograrse esto, planteó como alternativa que en el presupuesto asignado al sistema nacional de prevención del delito (alrededor de 135 mil millones de pesos), las reglas de operación hagan posible que los referidos modelos accedan a los montos, en virtud de que inciden en un 70 por ciento en los cuerpos policiacos del orden municipal, de acuerdo a estadísticas.
“Si el combate a la corrupción empieza por este nivel, que es el orden de gobierno con el que tiene más contacto la ciudadanía, la percepción de este ilícito puede disminuir de manera importante en un año, sobre todo si nos enfocáramos en las cien principales ciudades del país o en los municipios con más de 100 mil habitantes”, aclaró.