La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a todas las dependencias federales y en especial a la Secretaría de la Función Pública a establecer un Protocolo de Intervención a casos de Hostigamiento y Acoso Sexual.

Los senadores Verónica Martínez Espinoza, Armando Neyra Chávez, Ernesto Gándara Camou, Isaías González Cuevas;  y Mónica Arriola Gordillo, presentaron el punto de acuerdo donde se urge a las dependencias federales a establecer una campaña que  sensibilice y erradique ese tipo de delitos en el ámbito laboral.

Además de que se enfoquen a difundir campañas en los medios de comunicación interna para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, así como la difusión de los procedimientos para la denuncia.

Asimismo se exhortó a la Secretaria de la Función Pública para que dentro de las Instituciones de la Administración Pública Federal se elaboren Planes de acción con metas e indicadores a corto, mediano y largo plazo donde incluyen acciones específicas para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual.

La senadora Verónica Martínez, expuso que es necesario implementar un proceso para la prevención, atención y sanción de casos de hostigamiento, así como la generación de un programa de denuncia, y se informe de la instancia colegiada que dirima estos asuntos también conocidos como “mobbing”.

Lo anterior para que se realice una adecuada investigación para que se finquen a las y los servidores públicos, las responsabilidades administrativas que procedan por su incumplimiento.

“Lamentablemente el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral  se presenta día con día y es un delito invisible que sufren sobre todo mujeres, ya que no hay los mecanismos adecuados de denuncia y frecuentemente los acosadores actúan de manera impune”, apuntó.

En el punto de acuerdo se exponen casos emblemáticos de acoso sexual en el ámbito laboral como el ocurrido contra Ruth Sarmiento,  funcionaria del Centro Nacional de Planeación, Información y Análisis contra la Delincuencia (CENAPI), la cual fue separada de su cargo y su acosador se mantiene impune.

La integrante de la Comisión de Justicia del Senado, expuso que si bien en el año 2009 dos mil nueve surge el Protocolo de Intervención para los casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, el cual es obligatorio, en los hechos la mayor parte de las dependencias no lo han puesto en operación y por ello es urgente su implementación para frenar este tipo de delitos.

Expuso que en 2008 se realizó una encuesta en 258 dependencias y entidades de la administración pública federal, del cual se desprendieron los siguientes resultados en la materia: 25 mil 728 casos de acoso sexual, 7 mil 796 denuncias ante las autoridades y mecanismos competentes en las instituciones.

El 15 por ciento  de las mujeres y 5.3 por ciento de los hombres reportaron haber sido víctimas de acoso sexual, 8 de cada 10 personas encuestadas manifestaron que es necesario contar con mecanismos para proteger a las mujeres y los hombres del hostigamiento y acoso sexual.

La legisladora por Jalisco recordó que generalmente, las personas que son agredidas con el hostigamiento y acoso sexual se encuentran sometidas al ejercicio de poder de otra, que en la mayoría de los casos no sólo cuenta con el control de los recursos económicos, sino que además puede controlar a la persona agredida y al resto de las personas subalternas donde ocurrieron los hechos.