La Tercera Comisión de la Comisión Permanente avaló por unanimidad un punto de acuerdo presentado por el senador Ernesto Ruffo Appel, para solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) inicie el cobro de los aranceles, derechos y demás contribuciones que se hayan dejado de percibir de parte de los importadores de autos.
Esto, porque La Corte les acaba de negar el amparo federal respecto de cada uno de los vehículos que ingresaron al territorio nacional protegidos en las suspensiones provisionales otorgadas durante la sustanciación de dichos amparos.
Asimismo, se aprobó pedir un informe sobre las acciones y medidas que el SAT ha llevado o llevará a cabo para los propósitos del punto de acuerdo.
El pasado 24 de julio el legislador por el estado de Baja California y presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, al presentar su punto de acuerdo, explicó que la diversa normatividad emitida desde 2005 para regular la importación de vehículos usados, propició la promoción de amparos por parte de personas físicas y morales, muchos de los cuales fueron otorgados a tan sólo tres empresas que desde esa fecha “rentaron” tales amparos para ingresar a territorio nacional vehículos procedentes del extranjero.
Esos autos importados a territorio nacional, continuó en su momento el senador Ruffo Appel, no cumplían con las condiciones físico-mecánicas idóneas para el tránsito seguro de las personas que los adquirían, con los requisitos para la protección del medio ambiente, ni con el pago de aranceles correspondientes, todo lo cual impactó de manera negativa al comercio formal de venta de autos usados, sobre todo al alojado en la zona fronteriza, pero además afectó la venta de vehículos nuevos con mermas para la industria automotriz nacional y por ende a los ingresos del erario federal vía impuestos.