El senador Carlos Navarrete Ruiz presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo para que firme el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que garantiza el acceso al trabajo, alimentación, salud, seguridad y educación de los ciudadanos.
Carlos Navarrete explicó que el PIDESC es un tratado internacional de derechos humanos ratificado por México desde 1981, que incluye los derechos a la libre determinación, trabajo, alimentación, vivienda, salud, seguridad social, educación, cultura, agua y a un nivel de vida adecuado.
Indicó que de este órgano deriva el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC), el cual vigila y evalúa la implementación de los derechos contenidos en el PIDESC y del cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes.
No obstante, dijo que no contempla la facultad para que las personas, grupos o comunidades pudieran presentar denuncias ante el CDESC por violaciones a los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el punto de acuerdo que se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, Navarrete Ruiz señaló que debido a esa situación fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas y abierto a firmas y ratificaciones al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sin embargo, requiere para su entrada en vigor de 10 ratificaciones. “Hasta la fecha ha sido firmado por 39 Estados y ratificado solamente por cinco: Ecuador, España, Mongolia, El Salvador y Argentina”, comentó.
En su propuesta, el senador del PRD exhortó al Ejecutivo federal, a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sin ningún tipo de reserva o declaración interpretativa, el cual incluya el reconocimiento de las competencias del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de investigación y quejas interestatales.
También, que una vez firmado el Protocolo lo turne inmediatamente al Senado de la República para que se proceda al análisis y ratificación del mismo.
“La ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales implicaría un acto del Estado mexicano proporcionando un mecanismo de protección internacional cuando sean vulnerados los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las personas que se encuentran en México”, concluyó.