Cecilia García, Directora General de Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C., consideró urgente que en la reciente iniciativa presidencial de reforma al Artículo 123 constitucional para establecer los 15 años como edad mínima de admisión al empleo, también se endurezcan las sanciones para quienes violan los derechos laborales de los trabajadores agrícolas.
Lo anterior, subrayó, debido a que en México las violaciones de que son víctimas los jornaleros agrícolas indígenas están vinculadas con discriminación racial, alimentación, educación, derechos de los pueblos y derechos económicos, sociales y culturales. Además, afirmó que los indígenas migrantes en nuestro país, enfrentan condiciones de trabajo, normas sanitarias, alojamiento, transporte y educación, inferiores a lo señalado por las normas internacionales, por lo que sobreviven en condiciones infrahumanas.
Lamentó que autoridades como la Secretaría del Trabajo, la Sedesol y la Secretaría de Salud, no apliquen programas integrales para los jornaleros agrícolas, ya que a esta problemática se suma un tercio de los más de 3 millones de menores de edad que laboran en México.
Por lo anterior, urgió a las autoridades antes citadas así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ocuparse del tema e impulsar políticas públicas específicas para este sector de la economía rural así como la conformación de un sistema de monitoreo y evaluación que permita mejorar sus condiciones de vida.
La dirigente de Anauatlali, indicó que de acuerdo al informe denominado” Migrantes Somos y en el Camino Andamos”, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el 90 por ciento de los jornaleros realiza su trabajo sin un contrato formal; 72.3 por ciento gana por jornal o día de trabajo; 23.8 por ciento recibe su pago a destajo, o bien, 76.5 por ciento recibe su pago cada semana y 18.4 por ciento a diario.
Por lo anterior, consideró indispensable que el Estado mexicano desde sus tres órdenes de gobiernos apliquen la congruencia política y demuestren en los hechos la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos incluidos los jornaleros agrícolas indígenas para que accedan a esquemas de guarderías y estancias infantiles.
Además, recalcó que es indispensable ofrecer en sus diferentes dialectos, programas sociales y fijar estándares mínimos para albergues de jornaleros a fin de que no vivan en el hacinamiento pero esa será tarea de las secretarias vinculadas con el medio rural como así de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La Directora General de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C., advirtió que en México existe una violación sistemática a los derechos humanos de 3.5 millones de jornaleros agrícolas indígenas resultado del éxodo familiar hacia los campos de cosecha de 16 entidades federativas del país, en un contexto de marginación y pobreza.
Dio a conocer que la propia Organización Internacional del Trabajo advierte que la agricultura es uno de los sectores más peligrosos para trabajar desde cualquier edad, entonces es urgente que el Estado mexicano termine con los violadores de derechos laborales en los campos agrícolas y las autoridades a nivel federal y estatal apliquen las sanciones respectivas a los dueños de este campos.