Diputados de la Comisión de Investigación de los Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, sus Empresas Subsidiarias y Filiales de 2006 a la Fecha, coincidieron en enviar señales claras y contundentes a la población mexicana de que se trabaja para esclarecer los actos de corrupción dentro de la paraestatal.
Durante la comparecencia de Emilio Lozoya Austin, Marco Antonio de la Peña Sánchez y Daniel Ramírez Ruiz, director general, director jurídico y contralor de Pemex, respectivamente, los legisladores federales instaron a perseguir y dar castigos ejemplares a los funcionarios públicos que incurran en estas prácticas ilegales, de lo contrario, señalaron, la corrupción seguirá lacerando a la empresa.
El presidente de la comisión de investigación, diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD), reiteró que los contratos realizados por la paraestatal aún no han llegado a dicha instancia legislativa, por lo que solicitó su pronto arribo, a fin de analizar con elementos objetivos.
Señaló que los legisladores trabajarán sin simulación y con transparencia, porque ésto “es lo que ataca a la corrupción. La simulación va en sentido contrario, por lo que seguiremos insistiendo en este tema”.
Espinosa Cházaro precisó que las diputadas y diputados, independientemente de su grupo parlamentario, han demostrado una gran responsabilidad con la verdad frente a la ciudadanía, “basta ya que a Pemex se le saquee en los ductos, se le robe abajo, en medio, arriba y no haya consecuencias”.
En la ronda de cuestionamientos a los funcionarios de la petrolera, la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI) sostuvo que los problemas de corrupción en Pemex son de interés nacional y no se pueden repetir ya que, derivado de éstos, “colapsan las economías y se crean problemas en las ciudades que extraen y refinan crudo”.
También se pone en riesgo “la seguridad de los trabajadores y de los prestadores de servicios”, por lo que solicitó precisar las acciones que ha realizado el director de Petróleos Mexicanos para que no se vuelvan a repetir casos como los de Oceanografía, Hewlett Packard y Evya.
El diputado Kamel Athie Flores (PRI) consideró necesario llevar a cabo una reunión con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para “obviar” y “resolver” cuestionamientos, luego de que la paraestatal no detectó las irregularidades que se presentaron en las auditorías hechas desde el 2006 a la fecha.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en representación de Acción Nacional, detalló que las irregularidades de Oceanografía incluyen la construcción del muelle en la residencia de operaciones portuarias de La Paz, Baja California, donde no se cumplió con la entrega de las obras pactadas ni los tiempos estipulados, además de deficiencias en la planeación de otras obras en varias partes del país, como lo denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En este tenor, pidió referir las investigaciones y demandas a funcionarios que la paraestatal ha presentado; a cuántos servidores se han procesado; qué otras irregularidades se detectaron, y las acciones correctivas implementadas para resarcir los daños.
Su correligionario, diputado Ramón Sampayo Ortíz cuestionó si en el proceso de refinación, México cumple con los costos y precios a nivel internacional. También, enfatizó que el órgano de control debe evaluar signos externos de riqueza de los funcionarios Pemex para proceder a una investigación si exceden a la de sus ingresos.
Del PRD, el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena acusó que la corrupción está tan arraigada en México que muy difícilmente se puede encontrar una institución pública o empresa privada donde esto no haya permeado, además de que “no se ha atacado este monstruo, y a veces se ha alimentado”.
Estos actos indebidos, dijo, “han confinado a 60 millones de mexicanos a la pobreza, como resultado de la caída del poder adquisitivo, salarios mínimos bajos, pérdida de trabajos, inseguridad y pérdida de tierras ejidales”.
Por tanto, requirió a los comparecientes explicaran cómo el Poder Legislativo puede ayudar a Pemex a fortalecer sus tareas en el combate a la corrupción, para entrar en competencia igualitaria con otras empresas, y preguntó hasta dónde el actual gobierno está dispuesto a investigar a las industrias envueltas en fraudes a la paraestatal.
Por su parte, el diputado Agustín Barrios Gómez Segués (PRD) mencionó los casos de corrupción que se dan en el interior de la paraestatal, por ejemplo avisar a las empresas qué días las inspeccionarán “para que tengan lista la mordida”.
De la misma fracción parlamentaria, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria preguntó al titular de Pemex si consideraría solicitar la renuncia del director corporativo de Finanzas de Pemex, luego de que cuenta con antecedentes negativos en contratos.
En tanto, Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) aseveró que el sello principal de la Reforma Energética tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas para que todos los mexicanos podamos estar seguros y certeros de lo que se va a firmar en los contratos.
En el marco del aseguramiento a la administración de Oceanografía, que ayudará a salvar el empleo a tres mil empleados de Campeche, cuestionó cuáles serán los beneficios de esta medida para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y, por ende, para la ciudadanía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) cuestionó al funcionario el control que lleva Pemex sobre sus proveedores o contratistas, cuántos contratos se firmaron con Oceanografía, cuántos terminaron satisfactoriamente en el tiempo establecido, cuántos se modificaron y con qué justificación.
Refirió que Oceanografía cedió los derechos de cobro de sus contratos con Pemex a Banamex, por lo que pidió saber qué acciones se tomaron para vigilar y prevenir que no perjudicaran los intereses de la petrolera. También denunció que no se ha recibido la información requerida sobre el caso Oceanografía.
Enseguida, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) pidió conocer cuántos contratos se celebraron en esta administración con esa empresa, cuántos están vigentes y si aún se tiene una relación contractual de prestación de servicios con ella.
Asimismo, manifestó su preocupación por declaraciones en el sentido de que al no haber engaño, no hay fraude. “¿Qué le van a decir al pueblo de estos actos de corrupción, que fueron consentidos?
Por Nueva Alianza, el diputado José Angelino Caamal Mena, exigió que se realice una investigación objetiva en la que prevalezcan hechos y argumentos jurídicos sobre el caso, para tener oportunidad de esclarecerlos y combatir la corrupción.
Preguntó qué medidas se deben implementar en el marco jurídico de Pemex en materia de transparencia y control de contrataciones y adquisiciones para evitar asuntos como el que se investiga.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) y el diputado del PRD, José Luis Muñoz Soria cuestionaron sobre las revisiones de la ASF sobre el muelle para Pemex, en La Paz, Baja California Sur.
Por separado, la legisladora cuestionó si dentro de las auditorías hechas por el Órgano Interno de Control de Pemex se detectó alguna irregularidad distinta a las identificadas por la ASF en la Cuenta Pública 2012, relacionada con el cumplimiento de los contratos adjudicados al consorcio constructor formado por Blastinaval de México SA de CV, Oceanografía SA de CV y Proyectos y Medio Ambiente de SA de CV; y, si es así, cuestionó, cuáles son.