Beneficiaron a Pavlovich
La senadora Laura Angélica Rojas Hernández solicita que la Secretaría de la Función Pública investigue e imponga sanciones a los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que, por gestión de la senadora con licencia y hoy candidata del PRI a la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich, modificaron de manera indebida las bases de licitación correspondientes a obras carreteras para beneficiar a empresarios sonorenses como Samuel Farijo.
Mediante punto de acuerdo, la legisladora de Acción Nacional pide que las indagatorias correspondientes se emprendan en contra del Director General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Óscar Callejo; el delegado de la SCT en Sonora, Javier Hernández y del subsecretario de infraestructura, Raúl Murrieta.
“Estamos ante un caso más del uso indebido del servicio público, que intercambia alguna gestoria en el desempeño del cargo público a cambio de beneficios personales y políticos, tanto para funcionarios o candidatos, como para la empresas que reciben contratos millonarios”, subrayó la también integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.
La gestión impulsada por la senadora con licencia Claudia Pavlovich, en su calidad de secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y por las que obtuvo a cambio el apoyo del empresario Samuel Farijo para facilitarle aeronaves para sus traslados personales y de campaña, logró reducir en cien millones de pesos el requisito de contratos en el último lustro.
“Ha llegado el momento de que se cumplan a cabalidad las leyes que aprobamos. No tiene sentido haber aprobado la Ley General de Transparencia o trabajado dos años en el diseño de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, si no sabemos cuáles son nuestros deberes, obligaciones e impedimentos como servidores públicos y si no comenzamos a revertir la impunidad de las transgresiones a la ley”, puntualizó.
Rojas Hernández subrayó que la imparcialidad en la toma de decisiones por parte del servidor público es un principio indispensable en el ejercicio de su función. Se deben anteponer los intereses de la sociedad y no generar ventajas indebidas entre los licitantes. Así también, los servidores públicos no pueden abusar de la posición en el encargo público para ordenar a los subalternos a que infrinjan la ley.