En apego a la legalidad y en congruencia con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente Enrique Peña Nieto debe actuar de manera transparente y aclarar las dudas sobre su patrimonio, que han afectado no sólo su imagen sino la de México en el extranjero, demandó la senadora Laura Angélica Rojas Hernández.
Lo anterior, luego de los constantes señalamientos e inconsistencias sobre el patrimonio de Peña Nieto como la propiedad de Valle de Bravo, Estado de México, que declaró en 2013 como “donación” y que, de acuerdo a una investigación de la agencia Reuters, demuestra que fue adquirida a través de un tercero en 1988, por la cual habría pagado más de 11 millones de pesos.
Rojas Hernández consideró urgente que el Presidente empiece a actuar con solidez para combatir este flagelo de la corrupción y mejorar la imagen de nuestro país, que en el extranjero es mostrado por la prensa internacional como un Estado con instituciones débiles e incapaces de contener los casos de corrupción más graves y costosos para los mexicanos en la esfera más alta de poder.
La legisladora explicó que, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2014, México obtuvo una calificación de 35 de 100, posición que lo coloca en el lugar 103 de 175 naciones; y dentro del G-20 somos de los países más corruptos, adelante sólo de Rusia, Indonesia y Argentina.
Además, según el análisis de datos de Anatomía de la corrupción, del CIDE y del IMCO “resulta preocupante que los principales competidores económicos de México muestren mejor desempeño en el combate a la corrupción, ya que esto puede convertirse en un factor decisivo al momento de intentar atraer inversión extranjera”, lo cual frena las oportunidades de crecimiento y desarrollo.
La también integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana llamó a Peña Nieto a cumplir con su discurso pronunciado la semana pasada durante la promulgación de la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se dijo “comprometido con el combate frontal a la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”.
La senadora por el Estado de México consideró necesario que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue no sólo lo relacionado a la “Casa Blanca”, sino cada una de las propiedades declaradas por el Presidente de la República.
Agregó que en complemento a la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional anticorrupción, en el próximo periodo ordinario que iniciará el primero de septiembre, una de las prioridades deberá ser la discusión del fuero del Presidente, así como de los demás funcionarios, a fin de que no haya régimen de excepción para nadie que cometa actos de corrupción o mienta en su declaración patrimonial, como lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Dicha Ley establece como obligación de los funcionarios públicos “presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”, y que incumplir con esta previsión se considera falta grave, que podría incluso sancionarse con la destitución.
Sin embargo, el Presidente de la República es intocable, pues goza de inmunidad ante cualquier responsabilidad administrativa, y sólo puede ser juzgado por traición a la patria y por delitos graves.