María Elena Barrera Tapia, presidenta de la Comisión de Vivienda del Senado de la República, informó que aprobaron un punto de acuerdo por el que se pide al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, Alejandro Murat Hinojosa, proporcione un informe detallado sobre la situación actual de los despachos externos que han venido realizando cobranza para dicha institución.
Los integrantes de la Comisión expusieron que el objetivo está encaminado a preservar el derecho de los trabajadores y para que el Instituto busque soluciones que les permita conservar su patrimonio inmobiliario.
Subrayaron que el INFONAVIT debe vigilar estos esquemas de cobro, y lograr bajo las mejores condiciones, la amortización de los créditos otorgados por la institución y generar mecanismos que faciliten al trabajador el pago de los mismos.
Además, solicitan al Instituto que informe sí cuenta con sistemas de evaluación y registro de incidencias y de contar con ellos, informe los niveles de satisfacción del servicio prestado.
Los legisladores aprobaron también una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, la cual propone la inclusión de representantes de los diversos sectores laborales y sindicales, dentro de la integración del Consejo Nacional de Vivienda.
Exhortaron a la Comisión Intersecretarial de Vivienda a ejecutar sus inversiones en la adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda con criterios de proporcionalidad según el nivel de ingreso de la población y con equidad entre las diferentes regiones del país.
Solicitaron a la Comisión Nacional de Vivienda informe sobre la probabilidad de incumplimiento por parte de beneficiarios de algún crédito hipotecario, que hayan sido afectados por algún fenómeno meteorológico ocurridos en 2013 y que pudieran generar presión a la cartera hipotecaria y en su caso diseñar mecanismos financieros para que los trabajadores conserven su patrimonio.
También pidieron a las Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a la de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional de Vivienda, al INEGI y a la Conagua, a conformar un grupo de trabajo para conocer las necesidades de remodelación de las viviendas ubicadas en zonas vulnerables.