Los senadores del Grupo Parlamentario del PRD exigieron que los titulares de las secretarías de Educación Pública y de Gobernación comparezcan para explicar cuáles fueron los motivos para suspender la evaluación docente de manera indefinida.
Aunque celebraron el consenso logrado por la Comisión Permanente para exigir a la SEP el cumplimiento de la ley, advirtieron que el Comunicado 129 de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente es una violación a la Constitución.
El senador Armando Ríos Piter señaló que la fracción parlamentaria del PRD insistirá en que la próxima semana se cite a comparecer a secretarios de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor; y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para saber si lo expresado en el comunicado es la posición oficial de la SEP o del Gobierno federal.
El presidente de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión consideró que dicho comunicado pareciera un elemento para generar disrupciones en el proceso político, pues no sabe si es la posición firme, oficial y definitiva de parte del titular de la SEP, y mucho menos se dice si es la posición del presidente de la República.
Ríos Piter sostuvo que con dicho anuncio “el Gobierno de la República echa para atrás de manera indefinida uno de los temas más importantes y trascendentes que ha hecho este Congreso (…) por el gran consenso que tuvo, por saber que tenemos un gravísimo problema en términos de calidad de educación”.
En ese sentido, recordó que cuando se debatió el tema de la evaluación docente, esta ley reglamentaria fue la que tuvo la mayor cantidad de votos por parte de todos los integrantes, tanto de la Cámara de Diputados como por el Senado de la República.
“Entonces la pregunta es qué pasó, por qué de buenas a primeras después de estos avances, después de tanto cacareo, después de tanta fanfarria que se le había echado a este tema, de pronto de buenas a primeras un órgano desconcentrado nos manda un comunicado del cual no sabemos nada adicional”, agregó.
Reiteró que es necesario conocer si la suspensión de la evaluación docente es indefinida pues se estaría afectando a 13 millones 500 mil alumnos en toda la República, a poco más de 90 mil 500 escuelas primarias y a 400 mil personas que estarían inscritos para el proceso de evaluación.
Lamentó que “pareciera ser que la ley es lo que hoy en este país se puede negociar al libre arbitrio del Gobierno federal, y obviamente en este caso, en detrimento de la calidad de educación de muchos millones de niños y niñas mexicanos”.
Por su parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez consideró que Secretaría de Educación Pública violentó la Constitución a través del Comunicado 129, y no hay razón para que algunos partidos políticos pretendan proteger a las instituciones.
Afirmó que además de diseñar y revisar las leyes, el Congreso debe garantizar y exigir que se cumplan; “somos el vigilante de que las leyes que emanan del parlamento se cumplan. Y entonces, pues sí, es un consenso los dos resolutivos, pero se quedan cortos”.
Aseveró que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación tendría que presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de inconstitucionalidad en la que han incurrido la SEP y el Gobierno federal.
Ante el pleno de la Comisión Permanente, de la Peña Gómez afirmó que también se está violentando la Convención sobre los Derechos de la Niñez, “que establece como uno de sus principios rectores de sus derechos humanos el Interés Superior de la Niñez, que debe estar por encima de cualquier otro interés por más legítimo que sea, hoy vemos que no es así”.
Sostuvo que no hay transparencia en lo que se decidió, por lo que todo mundo especula que es por una presión de la CNTE.
“Qué barbaridad, qué cosa que el Gobierno federal sea rehén de quienes parecen ser motivados por otros intereses, pero menos por el que deberían ser motivados cuando están frente a una profesión como es la docencia”, concluyó.