Mexicali, B.C. domingo 12 de febrero de 2012.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, David Jorge Lozano Pérez, consideró lamentables las declaraciones realizadas por el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, y su precandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, quienes aplauden el uso faccioso de la justicia en la investigación de ex gobernadores priistas con fines electorales.
Por ello dijo que si son congruentes en su posición política, deberían exigir que se investigue a los ex gobernadores panistas Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy, por la supuesta vinculación con el crimen organizado y enriquecimiento ilícito que por años han sido señalados en esa línea de ilegalidad.
El diputado local dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe hacer lo propio en Baja California, donde Ruffo Appel y Elorduy Walther han sido acusados públicamente, en distintas ocasiones, por proteger al crimen organizado, haber sido financiados en sus campañas con dinero sucio, e incluso obtener jugosas ganancias procedentes de negocios ilícitos.
Lozano Pérez comentó que son un secreto a voces las sospechas por las que se ligan a los ex gobernadores panistas con las actividades ilícitas, y por tanto, es obligatorio se inicie una investigación formal por parte de la PGR.
En el caso de Ernesto Ruffo, actual precandidato del PAN al Senado de la República, el presidente del Poder Legislativo de Baja California insistió que para muchos bajacalifornianos no son desconocidas las versiones que señalan que en 1989 Ruffo inició su campaña a la gubernatura con un financiamiento del Cártel de los Arellano Félix por 500 mil dólares.
“Para nadie son un secreto los nexos entre el Cártel de los Arrellano Félix y Ernesto Ruffo, muchos conocieron las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de su hermano Claudio, quien se afirma liberó a Francisco Xavier Arellano (a) "El Tigrillo"; también hay registros de la participación de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el ataque de la discoteca Christine de Acapulco, donde sicarios de las bandas de Los Arellano y El Chapo Guzmán estaban acreditados con credenciales de la ahora Policía Ministerial de Baja California”, señaló.
El congresista comentó que además se sabe que los escoltas de Ruffo, entre ellos Carlos González Félix, Carlos Aboytes Rodríguez, Diego Hernández Leyva, Jaime Ruelas y Javier Perea, fueron asesinados por sus supuestos nexos con el narcotráfico, y antes de ello se les iniciaron investigaciones en asuntos internos.
El presidente del Congreso en Baja California aseguró que entre los bajacalifornianos es conocido que Ernesto Ruffo obtuvo grandes ganancias producto de negocios ilícitos, como otros 500 mil dólares que exigió a Susumo Azano como “dádiva” por el contrato por la producción de placas para vehículos. O la producción de dos millones de credenciales estatales a un costo de 14 dólares cada una, cuando el IFE erogó sólo 7 pesos por cada credencial.
“Para nadie es desconocido tampoco que Ruffo Appel cobró ilegalmente el seis por ciento de comisión, es decir, unos 18 millones de dólares, por los 300 millones del crédito japonés. Aparte escrituró y vendió los predios de la Segunda Etapa del Rio Tijuana que todavía se han desincorporado del Patrimonio de la Federación, muchos de ellos se los vendió a Chuy Labra; también se sabe del apoderamiento de terrenos en Punta Colonet, donde también Ernesto Ruffo se aprovechó de su posición para hacerse de millonarios terrenos”, agregó.
Lozano Pérez comentó que en el caso del ex gobernador Eugenio Elorduy, han sido múltiples las voces que han exigido una investigación para que enfrente la justicia derivado de las irregularidades en la construcción del Boulevard 2000, al revelarse que su construcción encubrió la introducción de un ducto de gas de la trasnacional Sempra Energy, compañía que en México lleva el nombre de “Energía Costa Azul”, y donde se ha comprobado que existe la asociación del político con la trasnacional usando el nombre de su hija Erika Elorduy.
“Incluso a nivel nacional se ha señalado que Elorduy Walther ha protegido a Sempra Energy desde hace mucho tiempo, otra de las irregularidades que han trascendido fue el uso ilegal del Registro Público de la Propiedad al hacer “legal” la venta de un predio de 100 hectáreas de una persona que falleció 18 meses antes de que se llevara a cabo la compra-venta”, añadió.
El presidente del Congreso de Baja California indicó que también se ha sabido que Elorduy ha sido vinculado con el hampa, a través de Hermenegildo Carmona Añorve, su jefe de Policía cuando fue alcalde y que actualmente está condenado a 27 años de cárcel por sus vínculos con la mafia; pero también, agregó, Eugenio Elorduy es dueño del 50 por ciento de las acciones de varias concesionarias de la Ford, compartiendo ganancias con Manuel Sánchez, un conocido capo del CAF en Mexicali, acribillado con 70 balazos frente a la CFE en el 2003.
Por ello el legislador estatal calificó de reprobable el discurso de Gustavo Madero al acusar incluso a Enrique Peña Nieto cuando lo que debería limpiar es a su partido y darle a los bajacalifornianos candidatos libres de sospecha y a su vez emplazó a Josefina Vázquez Mota a que, en congruencia con sus declaraciones, si es que tanto pugna por que se separe al hampa de la política, se investigue a los ex gobernadores panistas, de quienes se han levantado sospechas muy sólidas de sus actividades ilícitas, “esto si realmente Vázquez Mota desea predicar con el ejemplo”.