La Comisión de Protección Civil aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a investigar a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y deslindar responsabilidades, en caso de que las alertas a la población ante el paso de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” no se hayan dado en tiempo y forma.
También solicita indagar a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la omisión en la que podrían haber incurrido al no alertar a las comunidades oportunamente y tomar las medidas necesarias.
La instancia legislativa, presidida por el diputado Alfonso Durazo Montaño (MC), pidió “informar públicamente del resultado final de dicha investigación”.
La propuesta de punto de acuerdo, presentada por el diputado federal Víctor Manuel Jorrín Lozano, precisa que “tristemente a casi 30 años del establecimiento del SINAPROC, nuevamente se vuelve a poner en evidencia la prácticamente nula cultura de protección civil y vulnerabilidad de los mexicanos con motivo de los meteoros Ingrid y Manuel”.
Las cifras, sostiene, son impresionantes: ambos eventos dejaron a su paso 147 muertos, 35 heridos, 53 desaparecidos y 248 mil 477 personas afectadas, de las que 50 mil fueron evacuadas y llevadas a albergues; las contingencias se presentaron en 23 estados del país, “constituyendo uno de los desastres naturales más impactantes en los últimos años en territorio nacional”.
Se deben investigar y afrontar las responsabilidades por la autorización de asentamientos en zonas de alto riesgo, así como por la probable omisión o negligencia en la emisión de las alertas por los ciclones mencionados, señala.
El punto de acuerdo precisa: dadas las circunstancias actuales, se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para que en el marco de sus atribuciones “aceleren la revisión del proyecto de Reglamento de Protección Civil”, a fin de que sea publicado lo más pronto posible.
Asimismo, avaló solicitar a los gobiernos de Baja California y del municipio de Tijuana, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, entreguen un informe relativo al estatus legal de la Compañía de Gas Tijuana, S.A. de C.V. (Z Gas), instalada en La Mesa, que permita evaluar el nivel de riesgo al que está expuesta la población que vive en los alrededores.