La irracional explotación intensiva para lograr una mayor rentabilidad de los yacimientos mineros disponibles en México, deteriora nuestros ecosistemas y afecta los derechos fundamentales de diversas comunidades en el país, denunciaron expertos y académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Añadieron que la industria minera en el planeta alcanzó un nivel de explotación histórica mundial, con repercusiones ambientales, legales y generación de conflictos comunitarios en México, coincidieron académicos y expertos que participaron en el Seminario Megaproyectos mineros, devastación ambiental y derechos humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Indicaron que este fenómeno se ubica en un contexto de crisis mundial multidimensional. La demanda de metales en el orbe avanzó de 100 millones de toneladas en 1900, a tres mil 500 millones de toneladas en la actualidad.
Revelaron que en los últimos años se han agotado las vetas de rocas mineralizadas, y las que se extraen tienen una proporción muy baja de metales como aluminio, cobre, hierro y oro. Por ello, las tecnologías de extracción se han transformado para lograr una rentabilidad más alta de yacimientos de "baja ley".
Al respecto, Andrés Barreda, de la Facultad de Economía (FE), sostuvo que el pico minero coincide con el agotamiento de los recursos petroleros en el mundo, extinción de la biodiversidad, declive de las reservas de agua dulce, incremento de la acidez en los océanos, aumento de la luminosidad nocturna, y cambio climático global.
Esto explica que el mundo viva una "fiebre del oro" por la escasez mundial del metal, único valor seguro de reserva para respaldar las monedas nacionales ante un escenario de depreciación global. En 2007, la onza de 31 gramos se cotizaba en mil dólares, para superar los mil 900, en 2011. “Esta característica lo convierte en un recurso natural estratégico extraordinario”, subrayó.
En el auditorio Héctor Fix-Zamudio del IIJ, Marycarmen Color, de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó que en el tema de los megaproyectos mineros, diversas instancias internacionales están preocupadas por la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, en las esferas política, social y económica, como puede constatarse en el último informe del relator especial para los derechos de estas poblaciones.
El objetivo y fin de las medidas requeridas en nombre de sus integrantes es preservar su modo de vida tradicional y garantizar que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones serán respetados y protegidos por los estados, enfatizó.