José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, advirtió que es responsabilidad del Estado proveer protección y seguridad a los ciudadanos, por lo que funcionario que no cumpla a cabalidad la reciente reforma legal para controlar las llamadas telefónicas en los penales, sufrirán severas sanciones.
Consideró que la saturación de penales en el país, la complicidad de autoridades con delincuentes y los adelantos tecnológicos favorecen la creación de autogobiernos en las cárceles, lo cual facilita a los reclusos cometer delitos, sobre todo la extorsión telefónica.
Insistió en que con la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los responsables de manejar el equipo que permite bloquear o anular de manera permanente las redes de comunicación en los centros penitenciarios, así como los concesionarios de redes públicas de comunicación, estarán obligados a presentar informes semestrales, que permitirán prevenir delitos.
Consideró fundamental que los funcionarios coludidos con los criminales respondan por sus actos, ya que las instituciones públicas deben servir al bien común.
Por ello, dijo, la reforma que acabamos de aprobar es una adecuación al marco jurídico para brindar seguridad a los mexicanos y erradicar la impunidad.