*Advierte el Senado
El senador Javier Orozco Gómez insistió en que si las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son aceptadas o incumplidas, la autoridad o servidor público deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y tendrá que comparecer ante el Senado de la República para explicar su posición.
Por ello consideró de elemental importancia que la ciudadanía en general se interese por conocer lo que la Cámara de Senadores aprobó en materia de los derechos humanos y que otorgue a la CNDH los elementos que se requieran.
Dijo que se debe tener perfectamente asimilado que el organismo protector del pueblo ya tiene facultades para denunciar ante las autoridades judiciales o administrativas a servidores públicos que no cumplan sus recomendaciones, lo que representa un logro histórico para la defensa y promoción de los derechos humanos.
Explicó que el proyecto de Ley incluye entre otras facultades, que la CNDH investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando lo juzgue conveniente o le sea solicitado por el Ejecutivo Federal, el Congreso, gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas estatales.
El presidente de la comisión de Juventud y Deporte explicó que anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba encargada de investigar aquellos hechos que podrían constituir violaciones graves a los derechos humanos, “pero ahora aquellos servidores públicos que incumplan una recomendación, podrán ser llamados a comparecer para que expliquen el motivo de su negativa”.
El legislador sostuvo que las reformas constitucionales a las garantías individuales representan enorme trascendencia para México en el contexto internacional y las modificaciones se traducirán en una nueva realidad en el cumplimiento y desarrollo de los derechos humanos y las garantías en nuestro país.
Resaltó la coincidencia entre todas las fuerzas políticas en el Senado, en el sentido de que en el proyecto de ley se incluye como principio normativo en la política exterior del país, pues con ello no sólo se fortalecerá su reconocimiento como derechos inherentes del ser humano, sino que también se hace expreso el deber del Estado Mexicano de protegerlos.
“Tenemos que recordar que todos somos humanos, que todos somos iguales y nos debemos el mismo respeto; las clasificaciones sociales, sexuales, culturales y de cualquier tipo deben de ser ajenas a todos y, solo así, podremos conseguir que los derechos humanos sean el pilar de una sociedad pacífica y prospera”, concluyó.