Florence Cassez, la mujer francesa que formaba parte de una banda de secuestradores en México, delito por el que fue sentenciada a 60años de prisión, fue liberada este miércoles por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La atractiva mujer estaba acusada de los delitos de secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que finalmente no fue tomado en cuenta por la mayoría de los ministros de La Corte que analizaron el asunto.
Esto provocó reacciones encontradas en diversos sectores de la sociedad mexicana, algunos de los cuales no descartan que el presidente Enrique Peña Nieto haya operado con discreción en la esfera del poder para lograr la liberación de la francesa.
Fue la ministro Olga Sánchez Cordero quien construyó el proyecto jurídico que apoyaron tres votos ministros más que se pronunciaron a favor de que se concediera el amparo solicitado por el abogado de la francesa acusada, recurso con el que finalmente se permitió la liberación, después de haber permanecido siete años en prisión.
Pero el ministro José Ramón Cossío intervino para hacer notar que difiere de la manera en que su colega Olga Sánchez hizo su proyecto, pues aunque reconoció que sí hubo violaciones a los derechos humanos, afecta la técnica de juicio de amparo directo atraído que corresponde a los ministros resolver.
Aclaró que se trata de un juicio de amparo en revisión que tiene reglas procesuales específicas y manifestó no estar de acuerdo en el estudio de procedencia que se hizo. Además se declaró por el otorgamiento del amparo a la ciudadana francesa, pero con el efecto de regresar el caso al tribunal unitario para que dicte una resolución considerando el resto del material probatorio.
En su intervención, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea insistió en su postura de marzo de 2012, cuando consideró que hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos de la quejosa, por lo que desde entonces se manifestó a favor de amparar a la francesa.
Pero Zaldívar no suscribió el proyecto de Sánchez Cordero, porque dijo que con los argumentos del proyecto consideró imposible otorgar un amparo, en virtud de que “no se puede diseccionar qué pruebas son afectadas y cuáles no”.
Con ese fundamento se pronunció, como lo hiciera en marzo del año pasado, por el otorgamiento del amparo a Cassez, “porque las violaciones constitucionales son de tal gravedad que violan de manera grave la presunción de inocencia que dejan a la quejosa en un total estado de indefensión.”
A su vez, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se manifestó contra el proyecto de Sánchez Cordero y dijo que el amparo directo en revisión se encuentra limitado por la propia Ley de Amparo, además de que considera que el proyecto de Olga Sánchez Cordero ni siquiera emitió una postura sobre lo que consideró una violación de la puesta a disposición sin demora y el impacto que los medios tuvieron sobre las tres ampliaciones de declaración de las víctimas. Su conclusión fue que el tribunal colegiado que resolvió los temas de legalidad partiera de la base anterior y que evalué el caso fuera de estas declaraciones.
Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que es procedente el amparo directo en revisión, pero se manifestó contra el amparo liso y llano y dijo que la agravante del caso es el montaje hecho por las televisoras, al tiempo que consideró que se afectó el proceso legal con la disposición sin demora y el montaje que ocasionó la inducción a las víctimas, se violaron los derechos legales de Cassez.
Como se sabe, Florence Cassez y su novio Israel Vallarta fueron detenidos el 8 de diciembre del 2005, cerca del rancho Las Chinitas, propiedad que era utilizada por la banda de “Los Zodiaco” para mantener secuestradas a las personas que tenían en cautiverio.
Pero la detención se dio a conocer un día después, el 9 de diciembre de 2005, mientras Televisa y TV Azteca transmitían en “directo” la supuesta captura, y ahora se sabe que fue todo un montaje para cumplir con las exigencias que presentaron al entonces director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, AFI.