La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al titular del Poder Ejecutivo a garantizar el derecho de los ciudadanos a denunciar, ante las instituciones competentes, todo tipo de actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y contra la legalidad constitucional.
Asimismo, rechazó cualquier tipo de manifestación proveniente de servidores públicos que signifique amenaza contra la seguridad, la integridad y la libertad de los ciudadanos que ejerzan el derecho a la denuncia.
Lo anterior, luego de que la Primera Comisión de Trabajo hiciera un análisis del documento suscrito por 23 mil ciudadanos entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta violación a los derechos humanos por la estrategia del combate al crimen organizado y del comunicado de la Presidencia de la República con el que rechazó esas imputaciones.
En el dictamen del punto de acuerdo promovido por el senador Ricardo Monreal Ávila, la Primera Comisión establece que el escrito presentado ante la CPI fue una solicitud para que se analice la situación de violencia que prevalece en México, y se pueda iniciar una investigación en torno a si existe violación generalizada de derechos humanos y si se cometieron crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, la Comisión Permanente estimó que la controversia se plantea más bien en el ámbito mediático, aparentemente con la intención de algunas instancias del Gobierno Federal de inhibir la libre expresión de las ideas respecto de la lucha contra el crimen organizado y sus efectos en la ciudadanía.
Por ello, se consideró procedente la declaración rechazar cualquier tipo de manifestación proveniente de los servicios públicos que signifique una amenaza contra la seguridad, la integridad y la libertad de los ciudadanos de la República.
Como una medida preventiva, se exhortó al titular del Ejecutivo instruir a los servidores de la administración pública federal de abstenerse de cualquier acción en contra de los 23 mil ciudadanos suscriptores del escrito de 23 de noviembre de 2011 dirigido a la CPI.