El problema que se vive en la Sierra Tarahumara es consecuencia natural del abuso de poder y de la corrupción que se ha gestado al interior de las instituciones del gobierno federal, por lo que es fundamental que la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública informen sobre el desvío de recursos por 1,800 millones de pesos que en los años 2005 y 2006 se destinaron a aquella región a través del Programa de Vivienda Rural.
Así lo pidió ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el diputado David Hernández, quien sostuvo que dichos recursos estaban destinados para aquella región, y fueron ejercidos de manera discrecional y presuntamente con fines electorales.
Hernández Pérez reiteró que los gobiernos autodenominados del cambio han perdido la oportunidad histórica de trascender como una administración eficiente y con buenos resultados, pues a la fecha los estragos ocasionados por los manejos discrecionales de los recursos públicos son más que evidentes, lastimando al conjunto de la sociedad.
En punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador recordó que fue la 59 Legislatura la que aprobó los aludidos recursos para poder hacer menos pesada la vida de los tarahumaras, sin embargo diversas publicaciones periodísticas y de investigación han señalado y hecho evidente las anomalías en el uso de los recursos autorizados.
El legislador insistió en que los gobiernos autodenominados del cambio han perdido la oportunidad histórica de trascender como una administración eficiente y con buenos resultados.
Dijo que entre esas investigaciones destacan las realizadas por el Premio Nacional de Periodismo 2001, José Reveles, quien, en su libro “Las Manos Sucias del PAN”, dio cuenta de un desvío aproximado de 55 millones de pesos, pero otras publicaciones aseguran que la malversación fue por mil 800 millones de pesos.
Apuntó que de acuerdo con la versión de Reveles, los recursos fueron usados en los padrones de los programas institucionales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para allegar votos a favor de Acción Nacional y que el relevo en la dependencia, al cambio del sexenio, sólo sirvió para ocultar los malos manejos de la administración previa.
Hernández Pérez señaló que han sido muchas las denuncias hechas por diversos grupos, y manifestó que no obstante las evidencias contundentes de lo señalado, el gobierno federal ha guardado silencio.
Puesto que no se han hecho comentarios al respecto, haciendo a un lado el interés colectivo y sobreponer la ambición de poder, es necesario hacer una investigación, pues es fundamental traer a la memoria que en los años 2005 y 2006 la Sedesol contaba con recursos por mil 800 millones de pesos, los cuales serían aplicados a la región Tarahumara a través del Programa de Vivienda Rural.
De ahí que solicitó a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que informen a esta soberanía los trámites realizados, a efecto de investigar las denuncias del desvío de recursos documentados del Programa de Vivienda Rural de la Secretaría de Desarrollo Social, ocurridos en el 2005 y 2006, imputables a funcionarios públicos y legisladores.