El senador Javier Corral y Jaime García Chávez, uno de los dirigentes de la organización Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana, se presentaron en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para ratificar el nombramiento de un grupo de abogados para dar continuidad legal a la averiguación previa que se inició con motivo de la denuncia contra el gobernador de Chihuahua por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
Ante la negativa de la Unidad de Análisis Financiero de la PGR de dar acceso a los integrantes de Unión Ciudadana a la averiguación previa de la denuncia en contra de Duarte, se promovió un amparo. El Juez de Distrito decretó la suspensión definitiva para que la PGR diera acceso al expediente a los demandantes y continuar el trámite ante el Juzgado de Distrito.
El 28 de enero del presente año, Jaime García Chávez nombró a un grupo de cuatro abogados para dar seguimiento a la denuncia. El Ministerio Público acordó una audiencia para el día martes 28 de abril a las 10:00 de la mañana, para que Jaime García Chávez ratifique el nombramiento de los abogados y protesten el cargo conferido.
El año pasado García Chávez presentó una denuncia para exigir el esclarecimiento del presunto desvío de recursos públicos realizados a lo largo de tres años de 83 mil millones de pesos de fondos estatales depositados en la Unión de Crédito Progreso, que después se fusionó para tramitar la conformación de Banco Progreso de Chihuahua, entre cuyos socios están el propio Gobernador del estado, el secretario de Hacienda del estado, Jaime Herrera y Carlos Hermosillo, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento del gobierno estatal.
Duarte se hizo socio del Banco Progreso a través de un fideicomiso de inversión que creó con su esposa, Bertha Gómez Fong, en Banorte. El fideicomiso se integró con una aportación de 65 millones de pesos, cantidad que no puede solventar César Duarte con un sueldo mensual de 120 mil 245 pesos desde 2010.