El Senado de la República aprobó un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, establezca una colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permita combatir, disminuir y prevenir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país.
Además, los senadores solicitaron al mandatario que les informe acerca de los resultados que obtenga.
Las consideraciones del dictamen destacan que la prevención social de la violencia y del delito es un factor fundamental en la lucha contra la delincuencia.
También establece que atacar las causas estructurales del delito es una apuesta que las autoridades ejecutivas de todo el país deben tomar, para promover que el tejido social se reconstituya y, con ello, se mejoren las condiciones sociales que facilitan la expansión del fenómeno delictivo.
Por otra parte, el Senado de la República aprobó solicitar al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, que investigue y determine, a través de las dependencias competentes, si en los casos de indebida operación de cajas de ahorro y préstamo, en esa entidad, se han cometido delitos en agravio de los ahorradores y, si es el caso, se ejerzan las acciones legales procedentes.
Sobre este asunto, el senador Benjamín Robles Montoya, destacó que el gobierno del estado de Oaxaca es el único que ha mostrado voluntad política con los ahorradores defraudados, toda vez que a través de cuatro paquetes de apoyo, han sido respaldados a casi 19 mil ahorradores de 17 cajas de ahorro.
Precisó que en lo que va de la actual administración de esta entidad, con aportaciones federales y estatales, la inversión ejercida en apoyo a los afectados ha sido del orden superior a los 500 millones de pesos, no obstante, recordó que para el 2010, se estimaba que lo desfalcado a los ahorradores ascendía a unos 5 mil millones de pesos que afectaban a unas 65 mil familias.
En un tercer dictamen, avalado por el Pleno, el Senado pide al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, informe a esta soberanía si la averiguación previa número 183/2013 está relacionada con el enfrentamiento entre miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), el pasado 29 de septiembre de 2013, en el ejido Veracruz, municipio de Las Margaritas, en esa entidad federativa.
De ser así, precisa el acuerdo, pide se incluya un reporte sobre su estado procesal, con respeto a las normas en materia de transparencia y acceso a la información.
Asimismo, solicita al mandatario estatal analizar la problemática que dio origen al enfrentamiento señalado y, en su caso, determine la viabilidad de implementar, dentro de su ámbito de competencia, medidas políticas y legales para distender el conflicto y evitar nuevas agresiones o violaciones a los derechos humanos.
De igual forma, el Senado llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que analice está situación y, en su caso, determine la viabilidad de implementar medidas que coadyuven a lograr la distensión del conflicto, a través del diálogo y las vías institucionales.
El dictamen subraya que la conflictividad social en Chiapas debe ser atendida de manera especial, pues la conjunción de factores como la pobreza, los conflictos agrarios y ambientales, los problemas inter e intra comunitarios, y las disputas entre organizaciones sociales y campesinas, han sido factores de volatilidad social, que incluso desembocaron en el movimiento armado del año 1994.