El Instituto Federal Electoral está obligado a cumplir un papel relevante tanto en materia de educación cívica y cultura democrática como de preservar y fortalecer el régimen de partidos, mientras que los partidos políticos su práctica en la materia debe ser fortalecida a partir de elevar el peso presupuestal y operativo de sus fundaciones e instancias de capacitación internas, así como de mantener 365 días su presencia con la sociedad aunque no haya elecciones.
Así lo expresó José Alberto Aguilar Iñárritu, quien se inscribió ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados como candidato a Consejero Electoral del IFE, en sustitución del doctor Sergio García Ramírez, quien renunció al cargo.
En su ponencia “El IFE Y el Fortalecimiento de la Educación Cívica para el Desarrollo Político Nacional; Base de la Consolidación Institucional de la Democracia en México”, el ex diputado federal dijo que en materia de educación cívica y cultura democrática, el Instituto Electoral concentra su tarea educativa en dos aspectos: Difusión de valores cívicos y democráticos; y Enseñanza del proceso electoral, es decir de la organización de la participación partidista y ciudadana para renovar el poder.Sin embargo, expresó, hace muy poco respecto de estimular la comprensión ciudadana sobre el fin de la democracia electoral, que es resolver democráticamente el ejercicio del poder y no sólo garantizar elecciones libres, ciertas y equitativas.
Lo cual no ayuda a solventar una de las problemáticas que más desencantan a la ciudadanía con la democracia, de ahí que el creciente ataque a las instituciones electorales encuentre un campo fértil en la opinión pública que, carente de un marco adecuado, no distinga la no competencia de estas instituciones para solucionar las insuficiencias de la política vigente.
En particular que, ante la ausencia de un nuevo pacto de poder, las contiendas electorales se celebren entre enemigos no entre adversarios o que, ante el insuficiente control ciudadano, crezca la insatisfacción social por la ineficacia de la acción pública respecto de sus demandas.
Aquí, advirtió, se ubica buena parte de esa problemática de las instituciones electorales que daña frecuentemente su credibilidad y por tanto su legitimidad ante la opinión pública, un asunto que si bien requiriera de una mejor estrategia de medios, no se resuelve de fondo sin una mayor y mejor educación democrática a la ciudadanía.
Dijo que, si consideráramos al IFE el árbitro de un partido de futbol, responsable de llevar el juego de acuerdo con las reglas y en su caso sancionar con tarjetas rojas y amarillas ese partido, “es claro que a ningún conocedor se le ocurriría pedirle, para evaluar su trabajo, que además evite la violencia del estadio entre la porras, a los revendedores en los alrededores y que también se encargue de la seguridad del barrio y, si le alcanza, de la ciudad.”
Pero al IFE, puntualizó, no obstante realizar su tarea administrativa electoral con estándares superiores, sin parangón en buena parte del mundo, de fondo se le quiere obligar a resolver la enemistad entre actores políticos no pactados y a neutralizar todos los venenos perversos que se derivan de ello, cuando evitarlo es una función de la política y si se quiere del acuerdo republicano que del cual carecemos.
Ante este panorama, por algún lado hay que comenzar y la lógica de instrumentar el policía, del policía, del policía, no es la más eficaz, ni tampoco la de esperar a que la política se autocritique y se ponga de acuerdo, porque en esa suerte se pueden agotar las instituciones electorales.
Lo mejor, finalizó, es colaborar para que todos alcancemos ese nuevo pacto de poder que el país requiere y una forma sólida de comenzar es trabajar junto con los partidos políticos en favor de una educación democrática de la ciudadanía que enfatice los aspectos del ejercicio del poder y no sólo los relativos a la instrumentación de la lucha por alcanzar el poder.