A dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una resolución sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, agredidas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos no ha cumplido con ella, según el Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Por ello, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, mediante un punto de acuerdo, solicitó un informe detallado sobre las acciones para cumplir con dicha sentencia a la Secretaría de Gobernación, pues los hechos denunciados en el rubro de derechos humanos representan un paradigma sobre la situación que viven los indígenas de todo el país.
“El cumplimiento de estas sentencias en los casos de estas mujeres indígenas que fueron violadas y torturadas por elementos del Ejército en 2002, son una gran oportunidad para que el gobierno federal defina cómo debe impartir justicia con perspectiva de género y etnicidad”, dijo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Angélica de la Peña.
La resolución de la Corte Interamericana estableció que el gobierno federal les debería pagar una indemnización, brindar tratamiento médico y psicológico; así como realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
Asimismo, establece que el Estado Mexicano deberá crear un protocolo estandarizado entre el gobierno federal y el estado de Guerrero para investigar y atender casos de violaciones sexuales.
Además plantea un curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas; y delimitar el fuero militar, al compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La sentencia de la Corte señala que el Estado deberá continuar con las campañas de concientización y sensibilización de la población en general la prohibición de la violencia y discriminación contra la mujer indígena.
Cabe destacar que el pasado 1 de octubre de 2012 se cumplieron dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó ambas sentencias y dictaba que deberían de cumplirse en un plazo de un año, situación que no ha ocurrido.
Dichas sentencias contienen, respectivamente, 17 y 16 medidas de reparación del daño por las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en carácter de individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.