La explosión del pasado 29 de enero en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa que causó las lamentables pérdidas de vidas y lesiones, así como el peritaje del siniestro, dejaron al descubierto la ineficacia de las verificaciones realizadas en la red de distribución de gas licuado de petróleo, advirtió el senador Juan Carlos Romero Hicks.

Esta deficiencia, destacó el senador del Partido Acción Nacional, genera inseguridad en los usuarios y exige la reacción de las autoridades, pues persiste el riesgo de que se susciten más siniestros como el registrado en dicho nosocomio, con la consecuente pérdida de vidas y lesiones a un gran número de personas.

Bajo este argumento, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Economía (SE), Energía y Medio Ambiente a evaluar la normatividad vigente en materia de transporte de gas licuado de petróleo.

Romero Hicks recordó que de acuerdo con dictámenes preliminares, dados a conocer por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la fuga que dio origen a la explosión de Cuajimalpa se ubicó en el sistema de trasiego del camión, donde se encuentra la válvula de purga que está pegada al tanque de abastecimiento.

Señaló que, no obstante el entramado legal e institucional que sustenta las verificaciones por parte de la Secretaría de Energía, no se pudo evitar el accidente en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, lo cual implicaría que este marco no es suficiente o que no se ejecutó la normatividad vigente.

Mencionó que, según la norma, cada diez años el propietario de un semirremolque debe solicitar a la Dirección General de Gas L.P. o a una unidad de verificación, la revisión de la válvula interna del recipiente no transportable y, en su caso, solicitar su reparación o sustituir dicho accesorio por uno nuevo. Dados los hechos en Cuajimalpa, dijo, es evidente que no se da cumplimiento a la normatividad. 

El legislador panista destacó la importancia de realizar este análisis, dado que la nueva ley energética establece que a partir del dos de marzo la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos tiene bajo su cargo la regulación y supervisión de la seguridad del sector, incluido el transporte de gas LP.

La propuesta se turnó a la Comisión de Energía para su análisis y dictamen correspondiente.