El diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara no cesa de insistir en que el Poder Legislativo sigue teniendo como pendiente en su agenda de trabajo la integración de una comisión de representantes populares que investigue los contratos celebrados entre el gobierno federal y las compañías del empresario Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa.
Estamos viendo, dijo el diputado, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública y el propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), revisan en su ámbito y ante presuntas irregularidades información y los contratos de Grupo HIGA, ante posibles “conflictos de interés” por parte del presidente Enrique Peña, vinculados éstos a la “Casa Blanca” del mandatario y la de Malinalco, cuyo propietario es el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
En este marco, mencionó la reciente entrevista del titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en la que dicho funcionario declaró que ‘pareciera que sí hay conflicto de intereses’, por lo que expresó su compromiso de que las revisiones que se hagan de los contratos con Grupo Higa y su posible relación con la adquisición de la Casa Blanca, “se harán con profesionalismo, ética e imparcialidad”.
El diputado se refirió a las instrucciones que le dio el Peña Nieto al Secretario de la Función Pública Virgilio Andrade para que analice las decenas de contratos del Grupo HIGA con el gobierno federal, a efecto de determinar si existen irregularidades.
“Esta posición es mal vista, porque pareciera que lo está instando a que hace como que investiga y al final todo será favorable a su patrón, que es el propio Ejecutivo federal”, afirmó Huerta Ladrón de Guevara.
En ese orden, y ante la exigencia de que se abran los contratos con GRUPO HIGA, el IFAI ordenó que uno de los contratos de una de sus filiales, Concretos y Obra Civil del Pacífico S.A. de C.V., cuya empresa realiza la remodelación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se haga público, luego de que se negara inicialmente el acceso a dicho contrato.
Por último, el legislador indicó que “es justamente en este contexto en donde se ubica el esfuerzo que hacemos como oposición responsable en el Congreso, revisando situaciones que consideramos irregulares como la ‘Casa Blanca’, en donde como miembros del Poder Legislativo tuvimos que acudir al Poder Judicial para poder ejercer el derecho de investigar los contratos con Grupo HIGA, para poder revisar su legalidad, verificando la regularidad administrativa del Estado, como lo exigen 200 diputados”.