La Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, reconoció la preocupación derivada de la determinación del Ejecutivo federal de interponer controversias constitucionales en contra de ocho estados que no acataron a cabalidad las disposiciones previstas en la reforma educativa.
Por tanto, en reunión de trabajo encabezada por la presidenta de dicha comisión, senadora Angélica de la Peña, del PRD, se aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a armonizar su legislación en materia educativa, conforme al texto constitucional y a lo previsto en las leyes generales de Educación, Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En los argumentos del dictamen que se presentará ante el Pleno, se precisa que el Ejecutivo federal interpuso las controversias en contra de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sonora, Zacatecas y Oaxaca, en los cuales el elemento común es que los congresos locales y, en su caso, el gobernador ha autorizado beneficios para el sindicato de la educación, particularmente lo que se refiere a la evaluación de los maestros.
La Segunda Comisión considera que la reforma educativa genera los instrumentos necesarios para acelerar los procesos que permitan fortalecer una educación de calidad en el país, por lo que es necesario acelerar los procesos de armonización constitucional.
Recordó, además, que la reforma constitucional fue posible a su aprobación por la mayoría de los Congresos locales, por lo que no son congruentes las acciones de estos órganos legislativos y gobernadores que frenan la aplicación de la misma.
Aclara que la reforma educativa no desconoce los derechos laborales de los maestros en los cargos que desempeñan o en sus contratos, ni en sus prerrogativas y en las leyes secundarias se prevé la existencia de nombramientos definitivos, según disponen las leyes laborales.
Las evaluaciones obligatorias, subraya, no violan los derechos humanos de los maestros, pues el Congreso de la Unión estableció un mecanismo razonable para lograr, en la medida de lo posible, la permanencia en las funciones docentes.