La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara Alta aprobó un punto de acuerdo de los senadores Víctor Hermosillo y Celada y Gabriela Cuevas Barron, por el cual se exhorta al presidente Enrique Peña Nieto a que, a través de las instancias correspondientes, firme un acuerdo de cooperación con los principales buscadores de Internet y las empresas que prestan este servicio, a fin de que se implementen mecanismos eficientes que impidan el acceso a sitios que contengan pornografía infantil.
En la exposición de motivos del dictamen los senadores exponen que la pornografía infantil es sólo una de las aberrantes formas de explotación sexual que se da entre la población más vulnerable de nuestra sociedad, ya que es un acto que afecta la integridad personal, la salud física y psicológica de los infantes.
“Nuestro país es el principal difusor de pornografía infantil en el mundo. En México operan más de mil 300 sitios web en los que se muestran imágenes y videos con contenido sexual de niñas niños y adolescentes. Además, se realizan diariamente más de 116 mil búsquedas y al menos 80 mil niñas y niños están siendo víctimas de esa terrible forma de trata, por lo que se debe actuar desde dos ámbitos: el persecutorio y el preventivo”, se subraya en el documento.
En el dictamen se agrega que a nivel mundial, la pornografía infantil es el tercer delito que mayores ganancias genera para los grupos del crimen organizado –sólo detrás del narcotráfico y la trata de personas-, al obtener más de 30 mil millones de dólares al año.
Hermosillo y Celada y Cuevas Barron indicaron en la propuesta que si bien el Estado mexicano cuenta con mecanismos, como la Policía Cibernética a cardo de la Policía Federal, y el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de la Procuraduría General de la República (PGR), así como la tipificación de la pornografía infantil como un delito, no existe una regulación sobre lo que sucede en Internet para combatir ese fenómeno.
Por ello, es necesario que se exhorte “al Ejecutivo Federal para que, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, firme los acuerdos de cooperación necesarios con las empresas que prestan el servicio de internet, con la finalidad de implementar mecanismos de seguridad que impidan el acceso a los sitios web que contengan, promuevan, difundan o vinculen pornografía infantil”, señalaron los legisladores.
También se aprobó, con modificaciones, una iniciativa de la senadora del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con la finalidad de potenciar y mejorar los alcances del ordenamiento y los beneficios de la población a quien está dirigida la norma.
Asimismo adiciona un Capítulo XI denominado Del Respeto de la Privacidad y un Programa de Subvenciones en favor de las familias de las personas con discapacidad.
En la exposición de motivos de este dictamen, se expone que “siendo conscientes de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representó un cambio paradigmático de la forma en que se tiene que vivir la discapacidad, es necesario adecuar la legislación en la materia con el objetivo de brindar una mayor amplitud y sentido garantista, que permite la plena inclusión de las personas con discapacidad dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos, siendo necesaria la inclusión del goce de derechos humanos y libertades”.
Asimismo, se indica que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), actualmente sectorizado a la Secretaría de Salud, ha pasado de formar parte de Secretaría de Desarrollo Social –a partir del 29 de marzo de 2013--, por lo que es necesario reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para actualizar el cambio descrito.
En otro tema del orden del día, se aprobó un punto de acuerdo suscritos por los senadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Fernando Yunes Marquez por el que se exhorta a la PGR remita al Senado de la República un informe detallado sobre las acciones que está implementando en la frontera norte del país, en relación a la explotación y utilización de niñas, niños y adolescentes en el tráfico de personas y de drogas de México hacia Estados Unidos.
También solicitan al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como a los Sistemas DIF Estatales y Municipales de la frontera norte, a que de manera coordinada fortalezcan las políticas públicas tendientes a proteger y atender a esos grupos poblacionales.
En la exposición de motivos del punto de acuerdo se indica que diversas organizaciones dedicadas a la protección de menores migrantes han alertado que en los últimos años, el crimen ha optado por reclutar a niñas, niños y adolescentes, quienes por dinero o bajo amenaza son obligados a cruzar la frontera guiando a personas o llevando droga a Estados Unidos.
“Esta práctica es cada día más recurrente, ya que si los menores u adolescentes mueren en la operación, su pérdida no afectaría a la estructura criminal y, en caso de ser detenidos, los castigos que reciben son mínimos”, se agrega.
En ese sentido, señalan que son necesarias medidas judiciales y de asistencia social hacia este núcleo de la población, quienes ante la falta de oportunidades y el abandono, han visto en las bandas del crimen organizado una forma de sobrevivir.
En la reunión estuvo presente la senadora panista Martha Elena García Gómez.