El diputado Emiliano Velázquez Esquivel propuso eliminar el fuero constitucional y la facultad de la Cámara de Diputados para declarar si existen condiciones o no para proceder penalmente contra servidores públicos por su participación en algún delito.
Para ello el también el secretario de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente, en la que refiere que el fuero tiene la finalidad de dar completa libertad y seguridad a los políticos para que lleven a cabo su trabajo, sin verse presionados por intereses particulares.
Sin embargo, añade, “esta figura muchas veces se convierte en un problema si el funcionario actúa de manera ilícita y no puede ser juzgado hasta que no abandone su cargo”.
El fuero, menciona el diputado Velázquez Esquivel, origina que la mayoría de los funcionarios, legisladores, representantes de los partidos políticos y otros cargos dentro de la Administración Pública, abusen de forma excesiva de sus facultades.
El diputado señala que el fuero de los servidores públicos debiera implicar no sólo el cuidado de las formalidades, sino la existencia de medios coactivos, además de sancionar con destitución del cargo durante su ejercicio en caso de delitos comunes o federales, así como el pago de multa, sin que haya precedido el desafuero, lo que no aplica porque no está especificado en la ley.
“Es hora de trabajar en el tema y estudiar a fondo las leyes que lo rigen, que no sólo el gobernado sea sujeto a responder por sus conductas y actos ilícitos, sino también los funcionarios. Que tengan presente que pueden ser sujetos a juicio cuando no cumplan cabalmente su función y cargo”.
Más aún, señala, cuando se trata de quienes tienen el compromiso y la plena responsabilidad de llevar a cabo un trabajo transparente, de confianza, lealtad, legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.
La iniciativa del diputado Velázquez Esquivel plantea eliminar el concepto “fuero”, contenido en el artículo 111 Constitucional, además de reformar al artículo 74 para suprimir la facultad de la Cámara de Diputados en torno a la declaración de procedencia para que se actúe penalmente en contra servidores públicos que hubieren incurrido en un delito.
Concluye que de acuerdo con el artículo 111 constitucional, actualmente son sujetos del procedimiento de declaración de procedencia los diputados federales y senadores.
Asimismo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de justicia del Distrito Federal, el consejero presidente y los consejeros del IFE.