La presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, Rosi Orozco, remitió a los gobernadores un oficio en que les pide información sobre las acciones que en el combate de este delito han desarrollado, con el objeto de establecer un "tratómetro".
Esta herramienta, informó, mostrará un mapa que señalará los estados donde se han dictado sentencias contra los delincuentes involucrados y aquellos que han iniciado operativos en la materia.
Al reunirse con integrantes del Consejo de la Plataforma “Unidos contra la Trata”, expresó que se les pidió a los gobernadores den a conocer el número de operativos para rescatar víctimas, los datos de procesados y sentenciados, así como la cifra de personas rescatadas.
Ello, precisó, como parte de las acciones que se deben emprender con la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para mantener diagnósticos actualizados de la evolución regional de estos fenómenos delictivos.
Recordó que de acuerdo con la UNICEF y el DIF, hay entre 16 a 20 mil niñas y niños que son explotados, ya sea sexual o laboralmente. Además, en el mundo existen 2.5 millones de esclavas y esclavos; sin embargo, en México, la cifra excede los tres millones de niñas, niños y jóvenes que son explotados en un trabajo.
Rosi Orozco detalló que en lo que resta de la LXI Legislatura emprenderá una gira por las entidades federativas, a efecto de que los gobernadores entreguen la información requerida y con ello se emprenda un diagnóstico que permita a la LXII Legislatura impulsar reformas y políticas públicas.
Precisó que con la nueva Ley los policías están obligados por oficio y no por querella a actuar, por lo que es necesario constituir un sistema de seguimiento de la situación jurídica que guarda la lucha contra la trata de personas en cada entidad, de las acciones emprendidas y de los resultados.
Dado que la trata de personas es el segundo negocio de la delincuencia, la diputada del PAN hizo votos para que en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de los cinco consejeros uno sea experto en el tema.
“Eso es algo que en verdad pedimos, porque no podrían nada más ser personas que se han dedicado al secuestro. El secuestro de los más vulnerables y más indefensos es la trata de personas; hay mucho más víctimas de trata que de secuestro, por lo tanto exhortamos a que en el Consejo Nacional de Seguridad Pública haya ahí consejero experto en el tema”, afirmó.
Por la sociedad civil, representantes de organizaciones como el Centro de Capacitación CAASE México, solicitaron que el tema de trata de personas no se haga invisible para funcionarios, políticos y sociedad ahora que se cuenta con una Ley General en la materia.
Expresaron que es necesario que la sociedad civil haga su tarea, ya que es común ver hombres y mujeres que se están prostituyendo, y la primera actitud es ser omisos ante la trata no sólo sexual, sino la laboral que se vive en el país.