Ante las acciones del gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, quien a propuesta del arzobispo del municipio de León instruyó a la Secretaría de Educación de la entidad analice la posibilidad de incluir la religión como enseñanza en escuelas públicas, el senador René Arce presentó un punto de acuerdo para exhortar a que desista de esta determinación y evitar que se debilite el Estado laico contenido en la Constitución.
El legislador por el Distrito Federal indicó que con esta situación, el gobernador está “reabriendo peligrosamente” el hecho histórico superado de incluir la religión en la educación, “una cuestión que ya fue zanjada por la historia a un gran costo político, económico, social, y que significó la pérdida de muchas vidas ante la insensatez de conservadores y la jerarquía eclesiástica”.
En su proyecto, que fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, destacó que gracias a este movimiento se estableció que la educación pública es laica y libre de toda influencia religiosa, como se plantea en el artículo tercero constitucional, y con ello “se consolidó el Estado laico mexicano como un baluarte del desarrollo económico, político y cultural”.
Por ello, mediante un punto de acuerdo solicitó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, para que desista de llevar a cabo cualquier acción, particularmente en el ámbito de la educación pública, que debilite la naturaleza laica del Estado mexicano.
Asimismo, pidió que la Comisión Permanente, reitere la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado mexicano, así como rechace la pretensión del gobernador de Guanajuato de revisar la posible inclusión de la religión en la enseñanza pública de la entidad, por ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Esta situación es un contrasentido histórico, una grave falta al deber que juró el gobernador constitucional de Guanajuato de respetar y hacer respetar a la Constitución Política y las leyes que de ésta emanen (…) y desde luego el Poder Legislativo tiene el ineludible deber de pronunciarse categóricamente al respecto”, concluyó René Arce.