Para fortalecer la transparencia sindical y descartar sospecha del uso indebido de recursos públicos que los sindicatos reciben de la Federación, es necesario que las dependencias y entidades que componen la Administración Pública Federal, así como los organismos autónomos den a conocer las organizaciones gremiales a las que les aportan estos recursos, el monto que representan, así como los conceptos a los que son destinados.
Así lo propuso la senadora Laura Angélica Rojas Hernández al exponer que esta información, que además solicita sea difundida en cada una de las páginas electrónicas de dichos entes públicos, contribuirá no sólo a conocer cómo se ejerce el dinero que se les transfiere, sino también a mejorar la imagen de los sindicatos para aclarar posibles dudas de desviaciones y, por ende, fortalecer la desgastada confianza social que prevalece hacia el sector público.
En el punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la también integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, se dirige el exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, en el ejercicio de sus atribuciones, requiera a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que la información solicitada se publique también en la página electrónica de cada dependencia.
En el caso de los órganos autónomos, se menciona al Instituto Federal Electoral (IFE); Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI); Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Banco de México (BM) e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a fin de que sus titulares informen igualmente a esta soberanía la relación de sindicatos, federaciones y confederaciones a las que les proporcionan recursos públicos, los montos y el concepto de los mismos, al tiempo que los datos sean publicados en su página de Internet.
Rojas Hernández retoma el Criterio 013-10 emitido por el IFAI, en el que se señala que los recursos públicos federales entregados a sindicatos, con base en las obligaciones contraídas en los contratos colectivos de trabajo, son públicos.
Asimismo, en el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se especifica que los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recurso públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.
Por ello, explica la integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, la información relativa a los recursos públicos federales entregados por cualquier motivo por parte de las dependencias y entidades a cualquier persona, en este caso un sindicato, es de carácter público.
Rojas Hernández precisó que de acuerdo con un análisis estadístico sobre el comportamiento de la tasa de trabajadores sindicalizados en México, elaborado en 2009, el sector público estaba conformado por dos millones 515 mil 703 trabajadores, adscritos a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) con 74 asociaciones gremiales, así como a la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP) con 21 organizaciones.
Adicionalmente, agregó, el portal electrónico de la Dirección General de Registros de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indica que en el apartado “Trabajadores del Estado”, se tienen registradas 37 federaciones en distintas entidades federativas del país que agrupan a mil 485 sindicatos, cifra que evidencia la dispersión que existe en la representación de los burócratas en el ámbito subnacional.